El documento, enviado por el gobernador Juan Ramón Balcarce al mandatario de Tucumán, Alejandro Heredia, el 26 de enero de 1833, reconstruye los hechos a partir del informe del comandante de la goleta Sarandí, José María Pinedo.
Un documento oficial fechado el 26 de enero de 1833, semanas después de la ocupación británica de las Islas Malvinas, recupera la posición del Gobierno de Buenos Aires sobre ese episodio. Se trata de una carta de cuatro hojas enviada por el entonces gobernador bonaerense Juan Ramón Balcarce al mandatario de Tucumán, Alejandro Heredia.
La comunicación fue elaborada a partir del informe presentado por José María Pinedo, comandante de la goleta Sarandí, que se encontraba en las islas cuando arribó la corbeta británica HMS Clio. El relato incorporado por Balcarce permite seguir la secuencia de los acontecimientos desde el momento en que el comandante británico John Onslow comunicó su intención de tomar posesión del territorio hasta la salida de la embarcación argentina.
De acuerdo con la documentación, Onslow se presentó ante Pinedo el 2 de enero de 1833 y le informó que había llegado para asumir el control de las islas. Como parte de esa exigencia, reclamó que el pabellón argentino fuera arriado dentro de las siguientes 24 horas y que las tropas y habitantes abandonaran el lugar.
Pinedo no aceptó inicialmente la orden. Según quedó registrado en la comunicación oficial, el comandante de la Sarandí sostuvo que no podía acatar una decisión de esa naturaleza sin contar previamente con instrucciones del Gobierno de Buenos Aires. A partir de ese momento comenzaron una serie de intercambios entre ambos comandantes, mientras Pinedo intentaba obtener tiempo para comunicar la situación y recibir indicaciones.
La situación se volvió más tensa al día siguiente. El 3 de enero, Pinedo volvió a cuestionar la decisión británica y planteó nuevamente sus objeciones ante Onslow. El comandante británico, según el documento, respondió que disponía de las fuerzas necesarias y que además esperaba refuerzos. Frente a ese escenario, le indicó al argentino que podía proceder «como le pareciera».
La carta sostiene que Pinedo dejó asentadas sus protestas y responsabilizó a Gran Bretaña por lo que consideraba una vulneración de los derechos argentinos. Finalmente, el comandante de la Sarandí abandonó las islas, aunque antes impartió instrucciones para que el pabellón argentino no fuera arriado y dejó el establecimiento bajo la responsabilidad de Juan Simón.
El desenlace se produjo poco después, con el desembarco de las tropas británicas en Puerto Soledad. Allí fue izada la bandera británica y retirada la argentina que permanecía en el establecimiento. El episodio quedó documentado en la carta enviada por Balcarce a Tucumán como un hecho que el Gobierno de Buenos Aires consideraba especialmente grave.
La valoración del gobernador bonaerense aparece de manera explícita a lo largo de la misiva. Balcarce definió el episodio como una «nueva escandalosa agresión» y sostuvo que había ocurrido «en deshonor del Pabellón Argentino». También manifestó su sorpresa por la conducta británica debido a las relaciones que existían entre ambos países, a las que describió como vínculos de «amistad y comercio».
Desde la perspectiva expresada en la carta, la ocupación no solo representaba una disputa territorial, sino también una acción que contradecía el comportamiento diplomático que Buenos Aires atribuía hasta ese momento al Gobierno británico. En ese sentido, Balcarce sostuvo que lo sucedido «desmienten las protestas amistosas» recibidas anteriormente por la Argentina.
La comunicación también deja en claro cuáles eran los objetivos que el Gobierno bonaerense pretendía perseguir después de la ocupación. Balcarce planteó la necesidad de reclamar una reparación, defender los derechos argentinos sobre las islas y procurar el reconocimiento de esos derechos por parte de Gran Bretaña. También mencionó la intención de volver a ejercer el dominio sobre el territorio.
Para describir la postura de Buenos Aires, el gobernador utilizó la expresión «firme resolución» y señaló que los derechos argentinos debían sostenerse «sin mengua de la razón y del honor nacional». De esta manera, la carta no se limita a reconstruir el episodio ocurrido en enero de 1833, sino que también registra la respuesta política y diplomática que las autoridades argentinas proyectaban frente a la ocupación.