El caso ocurrió en 2025 y tuvo como víctima a una compañera de trabajo del acusado. El juez dará a conocer la sentencia completa el 16 de septiembre.
El caso del funcionario policial Carlos Gustavo Perrota (50), declarado autor penalmente responsable del delito de abuso sexual simple en contexto de violencia de género, ingresó en la etapa final con la audiencia en la que se discutió la pena que deberá cumplir.
Durante los alegatos para determinar la sanción, la procuradora Luciana Coppini solicitó al tribunal que imponga a Perrota dos años de prisión de ejecución condicional, además de inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
La defensa particular, a cargo de Enrique Paredes, pidió que se aplique el mínimo legal previsto para este tipo de delitos y cuestionó el pedido de inhabilitación especial perpetua.
Luego de escuchar a las partes, el juez Alejandro Rosales informó que el próximo 16 de septiembre dará a conocer la sentencia completa y resolverá qué pena deberá cumplir el funcionario policial.
LOS AGRAVANTES QUE PLANTEÓ FISCALÍA
Para fundamentar el pedido de pena, la representante del Ministerio Público Fiscal analizó las circunstancias que, a su criterio, deben ser consideradas como agravantes del hecho.
Uno de los principales puntos señalados fue el lugar donde ocurrió el abuso. Según sostuvo Coppini, el episodio tuvo lugar dentro de una comisaría, precisamente un espacio destinado a la prevención y protección frente al delito.
También hizo hincapié en la naturaleza del hecho y en que el abuso sexual se produjo frente a compañeros de trabajo de la víctima, situación que, de acuerdo con la acusación, incrementó la humillación y el daño provocado.
Otro de los aspectos considerados fue la extensión del perjuicio ocasionado a la víctima. La fiscalía hizo referencia a la vergüenza y a la situación de humillación, ridiculización y ultraje que habría atravesado la mujer a partir del episodio.
Coppini también cuestionó el argumento utilizado por la defensa durante el proceso, que había presentado el episodio como una supuesta «broma pesada» que la denunciante habría interpretado de manera equivocada.
Para la fiscalía, el grado de instrucción, la edad y la condición de funcionario policial de Perrota permiten sostener que no podía desconocer las normas vigentes vinculadas con las cuestiones de género.
A esto se sumó otro elemento considerado agravante: la jerarquía que tenía dentro de la fuerza. Los testimonios incorporados durante el debate, según planteó la procuradora, permitieron acreditar que Perrota habría intentado en distintas oportunidades que la víctima desistiera de presentar una denuncia en su contra.
EL ÚNICO ATENUANTE Y LAS CONDICIONES SOLICITADAS
En cuanto a los elementos que podrían favorecer al condenado, Fiscalía señaló como único atenuante que Perrota no registra antecedentes penales computables. Coppini también solicitó que, en caso de recibir una condena de ejecución condicional, el policía quede sujeto a determinadas reglas de conducta durante los próximos tres años.
Entre ellas, pidió que no pueda mantener ningún tipo de contacto con la víctima, que realice un curso sobre violencia de género y que concurra a una consulta profesional para determinar si necesita algún tipo de tratamiento psicológico.
Por su parte, el defensor Enrique Paredes solicitó al tribunal que imponga la pena mínima contemplada por la escala penal correspondiente y que rechace el pedido de inhabilitación especial perpetua.
De esta manera, el proceso quedó a la espera de la decisión judicial. El 16 de septiembre se conocerá la sentencia completa y la resolución de Alejandro Rosales respecto de la pena que finalmente deberá cumplir Carlos Gustavo Perrota.
Con información del Ministerio Público Fiscal, editada e intervenida por un periodista de ADNSUR