La Fiscalía formalizó la investigación por abigeato ocurrido entre mayo y octubre de 2025 en dos campos colindantes. El imputado habría alterado las marcas de los animales y faenado a cinco de ellos.
Un encargado rural de Chubut es investigado por el presunto robo de al menos 11 ovejas pertenecientes a un campo vecino, en un caso de abigeato ocurrido entre mayo y octubre de 2025. La Fiscalía sostiene que el hombre habría aprovechado sus tareas habituales para ingresar al establecimiento lindero y trasladar los animales hacia el campo donde trabajaba.
La investigación fue formalizada este jueves durante una audiencia en la que el procurador de Fiscalía Ismael Cerda presentó la acusación y las evidencias reunidas hasta el momento.
Según la hipótesis fiscal, el acusado habría manipulado los alambrados que separaban ambos establecimientos para poder arrear los ovinos. Los animales contaban con marcas y señas de oreja que permitían identificar a su propietaria.
Una maniobra para cambiar la identificación
De acuerdo con la imputación, el hombre habría realizado distintas acciones sobre los animales para modificar las señales que permitían reconocer su procedencia.
Seis de los ovinos habrían sido esquilados con el objetivo de retirar el tizado original utilizado por la propietaria. Luego, según la Fiscalía, fueron marcados con color rojo, correspondiente a animales en proceso de engorde.
Los otros cinco animales habrían sido faenados para consumo. Sus cueros fueron encontrados posteriormente en la propiedad utilizada por el investigado y todavía conservaban las marcas originales de la propietaria.
La Fiscalía calificó provisoriamente la conducta como abigeato simple. La acusación deberá ser analizada durante el avance de la investigación, por lo que la responsabilidad del imputado todavía no se encuentra determinada.
Seis meses para investigar el caso
Durante la audiencia, el juez interviniente dispuso la apertura formal de la investigación preparatoria por un plazo de seis meses, de acuerdo con el Código Procesal Penal de la provincia.
Además, la Fiscalía solicitó medidas para proteger a la persona afectada. Como consecuencia, se estableció una prohibición de contacto físico, verbal o personal entre el acusado y la víctima durante 60 días.
La resolución no fijó una distancia concreta de acercamiento debido a las características de los establecimientos involucrados. Ambos campos cuentan con caminos vecinales y servidumbres de paso compartidas, una circunstancia que fue contemplada al establecer la medida.
El juez advirtió que el incumplimiento de la prohibición podría constituir un delito de desobediencia judicial. La defensa del imputado no se opuso a la apertura de la investigación y dejó planteada la posibilidad de revisar las actuaciones a medida que avance el proceso. Durante los próximos meses, la Fiscalía deberá profundizar las medidas para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer la eventual responsabilidad penal del investigado.
Gacetilla de información del Ministerio Público Fiscal, con edición de un periodista de ADNSUR