Legisladores del PRO presentaron un proyecto de comunicación para que Río Negro adhiera al sistema de detección y bloqueo de celulares en las cárceles, habilitado por la Resolución 734/2026 del ENACOM. El reclamo se apoya en la estafa millonaria a un jubilado operada desde el penal de Viedma.
El bloque de legisladores del PRO presentó un proyecto de comunicación para que el Gobierno de Río Negro solicite al Ministerio de Seguridad de la Nación la aplicación del procedimiento de detección y bloqueo de celulares en los establecimientos penitenciarios, habilitado por la Resolución 734/2026 del ENACOM.
La iniciativa, impulsada por el legislador Juan Martín, busca que Río Negro adhiera al mecanismo que ya se aplica en las cárceles federales y que permite bloquear dispositivos móviles a pedido de las jurisdicciones. El objetivo es impedir que los teléfonos utilizados dentro de las unidades penitenciarias sean empleados para organizar o ejecutar delitos.
“No podemos seguir permitiendo que desde una celda se planifiquen estafas, se coordinen bandas criminales o se cometan otros delitos contra los rionegrinos cuando existen herramientas tecnológicas para impedirlo”, sostuvo Martín al fundamentar el proyecto.
El reclamo se vincula con hechos recientes: en julio, una investigación por una estafa telefónica millonaria a un jubilado de 72 años permitió detectar que una organización criminal operaba también desde el Complejo de Ejecución Penal N.º 1 de Viedma, donde fueron secuestrados seis celulares, varios de ellos con tecnología 5G.
Antecedentes legislativos
Desde el PRO recordaron que no se trata de un planteo nuevo. En 2025 habían presentado el Proyecto de Ley N.º 429/2025, que proponía instalar inhibidores de señal en todas las cárceles provinciales y prohibir el acceso de celulares a internos, garantizando teléfonos públicos para comunicaciones. Ese proyecto nunca fue tratado en comisiones. En 2026 se sumó el Proyecto de Ley N.º 573/2026, que proponía establecer que la privación de libertad comprende tanto la restricción física como la digital, pero tampoco avanzó en el trámite legislativo.
“Hace más de un año que venimos planteando esta necesidad y el problema sigue creciendo. Ahora existe una herramienta concreta que Nación ya está utilizando y que puede aplicarse en Río Negro. No hay razones para seguir esperando”, agregó Martín.
El nuevo proyecto solicita al Poder Ejecutivo Provincial que, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, requiera la aplicación del Procedimiento para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en Establecimientos Penitenciarios y adopte las medidas tecnológicas necesarias para su implementación. “Si desde una cárcel se puede cometer un delito, el Estado tiene que tener la decisión y la tecnología necesarias para impedirlo”, concluyeron desde el bloque.
Nota en base a Mejor Informado, con asistencia de IA y editada por un redactor de ADNSUR.