El diputado provincial de Despierta Chubut respondió a las críticas al acuerdo entre la provincia e YPF. Sostuvo que los 25 millones de dólares y los bienes se destinarán exclusivamente a Comodoro Rivadavia, defendió la incorporación del municipio al consejo consultivo y rechazó que el convenio implique desproteger a la provincia frente a eventuales daños ambientales.
En medio de la controversia generada por el convenio firmado entre la Provincia e YPF, el diputado provincial Luis Juncos (Despierta Chubut) defendió la iniciativa aprobada por la Legislatura y aseguró que el acuerdo «garantiza que todo lo que se obtiene quede para Comodoro Rivadavia», al tiempo que negó que la industria petrolera haya quedado liberada de las responsabilidades ambientales derivadas de más de un siglo de explotación.
En diálogo con Actualidad 2.0, el legislador sostuvo que buena parte de la discusión pública se originó antes de conocerse el contenido definitivo del proyecto y consideró que algunos cuestionamientos tuvieron un fuerte componente político.
«Si hay algo en lo que se tuvo cuidado desde el primer momento, y era una definición que había marcado el gobernador, es que cada una de las cosas y los bienes que se obtengan con el producido de este convenio debían quedar para Comodoro Rivadavia», afirmó.
Juncos recordó que la ley establece que los 25 millones de dólares previstos en el convenio deberán destinarse exclusivamente a obras para la ciudad, mientras que los vehículos reforzarán la Unidad Regional de Policía y los inmuebles mantendrán como beneficiarias a las instituciones que actualmente los ocupan.
En ese sentido, explicó que el acuerdo también busca cerrar procesos administrativos y dominiales que permanecen inconclusos desde la privatización de YPF en la década del noventa. «Hubo una larga historia de transferencias de bienes. Algunas se concretaron exitosamente y otras quedaron inconclusas. Lo que hace este convenio es intentar finalizar esos trámites para que las instituciones que hoy ocupan esos inmuebles puedan terminar de consolidar su situación jurídica», señaló.
Uno de los puntos incorporados durante el tratamiento legislativo fue la participación institucional de Comodoro Rivadavia en el futuro consejo consultivo encargado de administrar los bienes. Juncos reconoció que esa modificación fue impulsada durante el debate parlamentario. «Lo sumamos en el proyecto de ley. Claro que Comodoro tiene que participar. Nunca fue la intención que la ciudad quedara afuera institucionalmente», sostuvo.
El aspecto más controvertido del convenio sigue siendo la cláusula de indemnidad otorgada a YPF respecto de futuros reclamos ambientales. Juncos rechazó que el acuerdo implique dejar sin responsable los eventuales daños ambientales. «No. Antes existía la responsabilidad de YPF y ahora existe la responsabilidad del nuevo concesionario», respondió.
Según explicó, las obligaciones técnicas y ambientales fueron transferidas junto con las áreas petroleras a PECOM y continúan bajo control del Estado provincial. «Las mismas obligaciones técnicas y ambientales que tenía YPF las tiene hoy el nuevo concesionario. Además, ahora existe la Ley Provincial de Pasivos Ambientales, que establece auditorías de cierre, condiciones para la transferencia y la obligación de contar con seguros ambientales», argumentó.
El legislador admitió, sin embargo, que la eventual aparición de pasivos ocultos siempre representa una incertidumbre. «Un pasivo ambiental puede aparecer dentro de cuarenta años y alguien tendrá que hacerse responsable. Mientras exista un operador en ese yacimiento, el responsable será el operador», expresó.
Frente a quienes sostienen que el convenio elimina una garantía adicional que conservaba la Provincia frente a eventuales incumplimientos, Juncos recordó que la transferencia de las áreas petroleras ya se había concretado con anterioridad mediante el Plan Andes. «YPF no se fue con esta ley. YPF ya había transferido sus obligaciones a PECOM. Esto forma parte de un proceso que comenzó a fines de 2023», indicó.
En esa línea, explicó que, frente a cualquier incidente ambiental en los yacimientos, la autoridad de aplicación ya no convoca a YPF sino al nuevo operador. «Antes la Secretaría de Ambiente llamaba a YPF; ahora llama a PECOM. Eso no significa que el Estado pierda capacidad de control», aseguró.
Finalmente, el diputado también cuestionó que el debate sobre los pasivos ambientales haya aparecido recién con este convenio. «Es muy raro que Comodoro todavía no tenga una ordenanza propia sobre pasivos ambientales. Este no es un problema que nació hace quince días; forma parte de la historia petrolera de la ciudad. Quienes tuvieron responsabilidades públicas también deberían hacerse cargo de lo que hicieron y de lo que no hicieron», concluyó.