Colectivos animalistas advierten sobre riesgos sanitarios, vacíos legales y cuestionamientos éticos vinculados a esta práctica, exigiendo una intervención urgente de las autoridades.
Organizaciones proteccionistas y referentes del ámbito animal manifestaron su rechazo a la faena y consumo de carne de burros y mulas en la provincia de Chubut, tras conocerse casos recientes que generaron preocupación. A través de un comunicado conjunto, alertaron sobre posibles riesgos sanitarios, vacíos legales y aspectos éticos relacionados con esta actividad.
La Coalición Federal de ONGs y Proteccionistas de Equinos sostuvo que el consumo de carne de équidos representa «un retroceso humanitario» y denunció que se trata de una práctica que carece de una regulación adecuada a nivel nacional. En ese sentido, remarcaron que estos animales no están incluidos en los sistemas formales de producción destinados a la alimentación.
Uno de los puntos centrales del documento es la falta de trazabilidad. Según explicaron, los burros y mulas son considerados principalmente animales de trabajo, compañía o deporte, por lo que no existen protocolos que certifiquen que no hayan sido tratados con sustancias prohibidas para el consumo humano, como ciertos antiinflamatorios o antibióticos. A esto se suma el riesgo sanitario derivado de faenas sin controles bromatológicos, lo que podría exponer a la población a enfermedades zoonóticas. «No es soberanía alimentaria, es falta de control sanitario», señalaron.
Desde el plano legal, recordaron que la Ley Nacional 14.346 sanciona el maltrato y los actos de crueldad contra los animales, y advirtieron que este tipo de prácticas podría encuadrarse dentro de esas conductas. Además, pusieron el foco en el valor histórico de estos animales en el desarrollo rural y cuestionaron su utilización con fines alimentarios.
El comunicado también plantea una mirada ética sobre la situación. Las organizaciones sostienen que el proceso de acopio y transporte de estos animales suele estar atravesado por condiciones de maltrato, hacinamiento y abandono, lo que agrava la problemática. «No es cultura, es crueldad», remarcaron, al tiempo que rechazaron que se intente justificar la práctica bajo argumentos tradicionales o económicos.
Finalmente, exigieron a las autoridades provinciales, áreas de bromatología y organismos de control una intervención urgente, con sanciones ejemplares para quienes participen en este tipo de actividades.