El Ministerio Público Fiscal y la Policía del Chubut realizaron procedimientos en domicilios de menores de edad, en el marco de una investigación por amenazas con armas de fuego dirigidas a la Escuela de Pesca.
El Ministerio Público Fiscal impulsó medidas investigativas ante una serie de amenazas con armas de fuego dirigidas a la Escuela de Pesca de Puerto Madryn, un fenómeno que ha generado preocupación en la comunidad. Como parte de la investigación, se realizaron allanamientos en domicilios vinculados a dos menores de edad, con el objetivo de esclarecer los hechos y prevenir situaciones de riesgo.
Según la información reunida, las amenazas habrían sido difundidas en entornos digitales y se inscriben en una seguidilla de episodios similares registrados en distintas escuelas de la ciudad y la provincia, muchos de ellos asociados a dinámicas de viralización entre adolescentes.
En este contexto, la Fiscalía coordinó tareas con la Policía del Chubut para llevar adelante los procedimientos judiciales, que permitieron el secuestro de teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.
Las conductas investigadas se encuadran en el delito de amenazas, previsto en el Código Penal Argentino, que sanciona a quien intimida a otra persona con la intención de generar temor o condicionar su comportamiento. Cuando estas amenazas involucran el uso de armas o generan conmoción pública —como en el caso de instituciones educativas— su gravedad se incrementa y puede implicar consecuencias penales más severas.
Desde el Ministerio Público Fiscal se remarcó que, aun cuando este tipo de hechos se origine en contextos juveniles o como supuestas “bromas”, constituyen delitos que movilizan recursos del Estado.
La intervención se da en un escenario donde distintas escuelas de Puerto Madryn y de la provincia han activado protocolos preventivos ante mensajes intimidantes, incluyendo evacuaciones, presencia policial y coordinación interinstitucional para resguardar a estudiantes y docentes.
En ese marco, la Fiscalía trabaja de manera conjunta con organismos de seguridad, el sistema educativo y áreas de niñez, con el objetivo no solo de investigar los hechos, sino también de abordar integralmente el fenómeno.