El Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia se apresta a interpelar al secretario de Economía, Ricardo Ostoich. El hecho remite a un antecedente de 2011, cuando la citación a una funcionaria finalizó con dos renuncias y la designación de un reemplazante para responder ante los ediles.
La inminente interpelación al secretario de Economía de Comodoro Rivadavia, Ricardo Ostoich, reactualiza un mecanismo de control político con escasos antecedentes en la historia reciente del Concejo Deliberante, aunque no es inédito.
Uno de los antecedentes más claros ocurrió en 2011, en medio de una controversia que derivó en la salida de funcionarios del gabinete municipal. En esa ocasión, la entonces secretaria de Cultura, Viviana Almirón, fue convocada por el Concejo a raíz de irregularidades detectadas en la contratación del espectáculo de mapping realizado durante los festejos por el aniversario de la ciudad.
Almirón no asistió porque renunció antes, pero el proceso de interpelación continuó: tras su alejamiento, el intendente Martín Buzzi designó, por pedido del Concejo Deliberante, al entonces secretario de Gobierno, Jorge Echelini, para responder ante los concejales.
La experiencia de aquel año demuestra que la salida o reemplazo de un funcionario no necesariamente deja sin efecto una citación que el Concejo ya decidió impulsar, ya que el cuerpo puede avanzar en la búsqueda de explicaciones sobre los hechos que motivaron la convocatoria.
Cómo terminó la controversia y el antecedente más cercano
En diálogo con ADNSUR, Echelini recordó aquella experiencia, que se desarrolló luego de que las observaciones sobre la contratación del espectáculo provocaran un fuerte sacudón en la gestión municipal.
“Las irregularidades que presentó inicialmente el tema del mapping generaron un movimiento importante dentro del Ejecutivo, al punto de que dos secretarios de Cultura y el de Economía —Almirón y Alassia— en su momento se alejan del cargo, pero el Concejo decidió seguir adelante con la interpelación”, relató.
Según recordó, el cuerpo legislativo solicitó entonces al intendente la designación de un funcionario que pudiera responder el cuestionario elaborado previamente. “Me tocó a mí, como secretario de Gobierno, concurrir al Concejo para la interpelación”, explicó. Lo hizo acompañado por el Dr. Chocobar, que se desempeñaba por entonces como asesor letrado del municipio.
Un cuestionario previo y preguntas abiertas
Echelini detalló cómo fue la mecánica en esa oportunidad. En primer término, existió un cuestionario previo sobre los puntos que el Concejo pretendía esclarecer.
Durante la reunión, sin embargo, los concejales ampliaron las preguntas. “Yo contesté cada una de las preguntas en forma oral, pero después atendí preguntas que el Concejo amplió fuera del cuestionario”, recordó.
Según su relato, antes de avanzar con esos nuevos interrogantes se le consultó si tenía inconvenientes en responderlos. “No los tuve, así que avanzamos con todas las respuestas que requirieron los concejales”, indicó.
También destacó que, pese al clima político que rodeaba el caso, el desarrollo de la interpelación fue respetuoso. Recordó especialmente la participación del entonces concejal Jorge Camarda, desde la oposición, como uno de los principales impulsores de la investigación sobre la contratación, aunque señaló que el interés por esclarecer lo ocurrido también involucraba al oficialismo, al igual que en esta oportunidad.
“Fue una interpelación para información”, sintetizó.
El mapping, los gastos observados y una investigación interna
El episodio que originó aquella convocatoria estaba vinculado al espectáculo de proyecciones realizado sobre el edificio del colegio Dean Funes, una propuesta artística novedosa para la ciudad que había tenido fuerte repercusión durante los festejos (con proyección de imágenes de la historia de la ciudad).
“El producto artístico era muy interesante, había tenido relevancia en la ciudad porque era la primera vez que se hacía una cosa así”, recordó Echelini. El problema surgió, sin embargo, al momento de tramitar el pago.
“No se encontraban justificados parte de los gastos que había que pagar. Eso motivó que el pago se detuviera”, explicó.
Según el exfuncionario, al momento de la interpelación no se había efectuado ningún pago y la situación había sido observada por el Tribunal de Cuentas. A partir de allí se inició un proceso de revisión interna para reunir la documentación respaldatoria.
Echelini explicó que desde el área de Gobierno y la Secretaría Legal y Técnica se avanzó en una investigación y en la recopilación de “cada uno de los justificativos del gasto, las facturas”, hasta completar la documentación necesaria.
Recién entonces se habilitó el pago de los montos que pudieron ser debidamente respaldados.
“No hubo afectación al patrimonio”
El exsecretario sostuvo que el desenlace del expediente permitió regularizar la situación y que no hubo una afectación al patrimonio público.
“No hubo gasto, con lo que no hubo afectación al patrimonio público”, afirmó al ser consultado sobre el resultado del proceso. Además, señaló que posteriormente se realizó “todo el proceso de reordenamiento de los gastos”, con la justificación correspondiente de cada erogación y la posterior intervención de los organismos de control.
“Se justificó gasto por gasto, pasó por el Tribunal de Cuentas, se controló y se aprobó”, resumió.
La explicación sobre el origen del problema, según Echelini, estuvo vinculada a la forma en que se decidió la contratación. El espectáculo había sido incorporado de manera rápida a la programación y, por tratarse de una obra artística, podía realizarse mediante contratación directa. Sin embargo, al momento de tramitar el pago todavía no estaban reunidos todos los antecedentes que permitían respaldar formalmente las erogaciones.
“Se habían pasado los gastos sin esos elementos. Por eso se detuvo, no se pagó y se inició toda esa investigación”, indicó.
Otros antecedentes y un funcionario interpelado dos veces
El antecedente de 2011 adquiere ahora una nueva dimensión frente a la convocatoria a Ostoich, en una jornada en la que el Concejo vuelve a utilizar una de sus herramientas más fuertes de control sobre el Ejecutivo municipal.
Echelini, que posteriormente también tuvo otra experiencia de interpelación en la Legislatura provincial —por la expropiación de Alpesca—, consideró que aquel episodio fue “una experiencia interesante” desde el punto de vista institucional y personal.
Fuentes del ámbito legislativo, entre los que se cuentan empleados de extensa trayectoria (o de mayor antigüedad), recordaron también que, durante la década del 90, en distintos momentos, hubo citaciones a otros dos funcionarios, como Juan Manuel Feeney (Servicios Públicos) y Hugo Bassi, de Gobierno. El motivo para convocar a este último, según aquel ejercicio de memoria, habría sido un tema recurrente: el transporte público de pasajeros.