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Presentaron denuncias penales contra militantes de ATE por amenazas a auxiliares de Educación en Comodoro Rivadavia

Las denuncias, radicadas ante la Justicia, apuntan a la dirigente Verónica Rosales y otros integrantes del gremio por presuntos aprietes y amenazas a trabajadores que no adhieren a las medidas de fuerza. La investigación avanza en paralelo a la causa por los disturbios ocurridos esta semana en dependencias educativas.

La dirigente de ATE, Verónica Rosales, junto a otros miembros del gremio, fue denunciada penalmente por amenazar a trabajadores auxiliares de Educación en el marco de las protestas desarrolladas esta semana en Comodoro Rivadavia. Las denuncias ya fueron presentadas ante la Justicia, mientras continúa la investigación por los disturbios y destrozos registrados en dependencias educativas.

Según relataron afiliados de ATE, las presiones estarían dirigidas principalmente a quienes se oponen a participar de las movilizaciones. «A los que no estamos de acuerdo con el paro nos están escrachando dentro del gremio, nos amenazan», declaró una auxiliar en medios radiales. La trabajadora mencionó el caso de una mujer que «salió de cumplir media jornada y se cruzó con un grupo de compañeras la amedrentaron arriba del colectivo, incluso nos dijeron que van a pasar ‘escuela por escuela’ y que a aquellas personas que estemos trabajando durante el paro, nos van a ‘castigar de alguna forma'».

«Somos muchas las personas que no estamos de acuerdo, pero no se nos respeta nuestro derecho a trabajar», agregó la auxiliar. También advirtió que «hay cosas que al sindicato se le están yendo de las manos, incluso en el mismo gremio están amenazando a los monotributistas: nos anotan en una lista en la que tenemos que poner el número de documento y de teléfono, y si no acompañamos las protestas, no nos ayudan para ingresar a planta».

Una de las denuncias, radicada en la Comisaría del barrio Mosconi, corresponde a una trabajadora que se desempeñaba en la mesa de entrada de la Delegación Administrativa de Educación, ubicada en las calles José Fuchs y Marcelino Reyes. Según el documento, «a las 10:15 horas, estaba en mi lugar de trabajo y empezaron a llegar manifestantes de ATE al exterior del edificio, el cual estaba vallado; alrededor de las 11:30, los manifestantes comenzaron a intentar ingresar a la fuerza, y la policía que estaba de custodia intentó impedirlo, pero los manifestantes estaban pateando, pegando y comenzaron a romper vidrios». La mujer relató que fue evacuada junto a dos compañeras, pero luego recibió una llamada telefónica: «era una mujer que me dijo que no suba videos al grupo de trabajo de la Delegación, porque yo había subido algunos a las redes sociales; me dijo que me conocía y que me iba a ‘cagar a palos'».

Otra denuncia fue presentada por una profesora de Comodoro Rivadavia, quien señaló que «tuvimos que soportar maltratos por parte de algunos miembros del gremio ATE» y que «no es justa la violencia que mostraron el 2 de junio ante el personal de la Delegación, también somos trabajadores y no nos merecemos seguir recibiendo este tipo de destrato». «Consideramos que no nos representan y nos preocupa la imagen negativa que esto pueda tener en la comunidad educativa y la sociedad en general», expresó. La docente también advirtió que «tenemos conocimiento de que compañeros monotributistas se encuentran presionados a participar de medidas de fuerza para lograr su pase a planta».

El juez penal Alejandro Soñis emitió una comunicación procesal dirigida a la Unidad Regional local, en la que informó la medida de prohibición de acercamiento a la Delegación que pesa sobre los manifestantes detenidos por provocar destrozos en el edificio. Se trata de Verónica Rosales, Marcelo Echeveste, Lorena Rosales, Evangelina Arbe y José Abelardo Barra, a quienes se les decretó la «exclusión del hogar y prohibición de acercamiento, en un radio no inferior a 200 metros y de cualquier tipo de contacto con la sede de Supervisión de Escuelas (Región VI), por el término de seis meses». La investigación respecto de la responsabilidad penal y civil de los autores de los destrozos continúa, y en simultáneo avanzan las denuncias de los propios trabajadores de ATE contra afiliados y dirigentes por las amenazas y los aprietes.

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