El tribunal revocó el archivo de la causa y dispuso que el juez Jorge Pfleger analice el planteo. Los amparistas solicitaron una medida cautelar para suspender los efectos del convenio, que incluye la cesión de tierras para la relocalización de familias afectadas por el deslizamiento del Cerro Hermitte.
La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocó el fallo que había archivado el amparo contra el acuerdo entre YPF y la Provincia del Chubut y ordenó que la causa continúe en el Juzgado Federal de Rawson. La resolución fue adoptada por los jueces Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez, quienes determinaron que el planteo debe ser tratado por la Justicia Federal y que el juez competente es Jorge Pfleger.
El mismo magistrado se había declarado incompetente para intervenir en una resolución firmada el 19 de agosto pasado, ordenando luego el archivo de las actuaciones. Los amparistas apelaron y la Cámara consideró que existe una cuestión federal porque la demanda involucra al Estado Nacional y discute, entre otros puntos, su eventual responsabilidad por los pasivos ambientales anteriores a la privatización de YPF. También sostuvo que el centro del conflicto está en la validez del Acta Acuerdo del 26 de junio, la ley provincial que la aprobó y los actos administrativos que le dieron sustento.
El acuerdo cuestionado incluyó la transferencia de las concesiones de varias áreas petroleras a la Provincia y una contraprestación extraordinaria de 25 millones de dólares, además de inmuebles y otros bienes. A cambio, según surge de la presentación judicial, Chubut asumió las contingencias futuras vinculadas con los pasivos ambientales y liberó a YPF de responsabilidades.
La resolución de la Cámara no implica que la Justicia haya declarado inválido el acuerdo entre YPF y Chubut ni que haya dispuesto frenar su aplicación.
La cautelar que puede cambiar el escenario
El próximo movimiento importante no está en la Cámara sino en el juzgado de Rawson. Los abogados que impulsaron el amparo pidieron una medida cautelar para suspender provisoriamente los efectos del acuerdo mientras se resuelve la cuestión de fondo. También solicitaron que cualquier operación de abandono, sellado o taponamiento de pozos sea informada previamente y que se preserve la documentación ambiental de las áreas involucradas.
Eduardo Hualpa, uno de los abogados que participa del planteo en representación del docente Jorge Espíndola, explicó en diálogo con Actualidad 2.0 que la pretensión es que, mientras se discute la validez del acuerdo, éste no pueda seguir produciendo efectos. En su interpretación, eso alcanzaría también a los bienes que YPF entregó como parte de la operación.
Frente al planteo de los amparistas, el juez deberá dar intervención a la administración provincial para que responda al planteo. La propia Cámara señaló que la causa es compleja, lo que motivó también que la intervención del Ministerio Público Fiscal era obligatoria en la discusión sobre competencia, que se había expedido en igual sentido, a favor de la competencia federal.
Para los amparistas, además, el monto de 25 millones de dólares acordado entre la provincia y la operadora YPF “es totalmente insuficiente”, frente a un cálculo que en la demanda estimaron en no menos de 700 millones de dólares, como costo de la remediación ambiental de la ciudad.
El tema aparece justo cuando avanzan los lotes para el Hermitte
La discusión judicial coincide con una definición política y social que tomó velocidad en los últimos días. Después de que el estudio técnico determinara que las familias de Los Tilos, Marquesado y Mazaredo no podrían continuar residiendo en sus viviendas por la inestabilidad de la ladera, el Gobierno provincial y el Municipio comenzaron a trabajar sobre alternativas de relocalización.
El sábado, Ignacio Torres anunció que la Provincia avanzará con un decreto para adjudicar lotes a familias afectadas por el desplazamiento del Cerro Hermitte. Se trata de tierras cedidas por YPF -en la zona de los ‘ex Almacenes, de km.3- y, según explicó el gobernador, la intención es avanzar luego con mensuras, servicios y proyectos de vivienda, para lo que el municipio comenzó a delinear la mensura y comprometió al menos 138 lotes.
Ese anuncio coloca a los inmuebles transferidos por YPF en una situación particular: forman parte de una respuesta habitacional que el Estado ya comenzó a diseñar, pero al mismo tiempo integran el conjunto de bienes que los amparistas consideran alcanzados por el acuerdo cuya validez cuestionan.
Hualpa sostuvo que una eventual suspensión de los efectos del acuerdo debería alcanzar también a los bienes entregados por YPF. La Provincia, en cambio, tendrá oportunidad de plantear su posición cuando sea notificada del pedido cautelar.
Una definición que se espera para los próximos días
La Cámara dejó en claro que todavía no está resolviendo si el acuerdo es válido o inválido. Su decisión se concentró en determinar quién debe intervenir y dónde, es decir el Juzgado Federal de Rawson. Allí deberá continuar el expediente que cuestiona la liberación de responsabilidades ambientales de YPF y plantea también la eventual responsabilidad patrimonial del Estado Nacional.
Hualpa señaló que la decisión sobre la medida cautelar solicitada debería conocerse en los próximos días, ya sea por la aceptación o el rechazo de los argumentos de los demandantes, para suspender temporalmente el acuerdo.
Cualquiera sea la decisión, no será aún la resolución de fondo, para la que habrá que esperar a los tiempos judiciales, en un largo camino. Sólo al final se sabrá si es válido o no la cesión de tierras que YPF acordó con el gobierno de Chubut y el posterior uso que éste pueda dar a esos bienes.