El Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora realiza el peritaje de los dispositivos secuestrados en el operativo «Infierno Blanco», que decomisó 783 kilos de cocaína en julio de 2024. La investigación busca reconstruir las comunicaciones, la ruta del dinero y las conexiones internacionales de la organización.
El Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora comenzó a analizar los teléfonos celulares, computadoras y equipos de radiocomunicación incautados durante el operativo “Infierno Blanco”, que permitió decomisar 783 kilos de cocaína en Caviahue, provincia de Neuquén. El procedimiento, realizado en julio de 2024, fue el mayor golpe al narcotráfico registrado en la historia de esa provincia, según informaron fuentes judiciales.
El peritaje tecnológico apunta a reconstruir las comunicaciones de la organización y a establecer su circuito financiero. La investigación, coordinada con la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), procura determinar el funcionamiento de una ruta internacional que habría ingresado cocaína desde Perú y utilizado los pasos cordilleranos de Neuquén para llevarla a Chile y, desde allí, por vía marítima, hacia España.
El operativo principal se realizó en la madrugada del 4 de julio de 2024, cuando efectivos de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval interceptaron a los sospechosos mientras trasladaban los paquetes de cocaína en tres vehículos sobre la Ruta Provincial 26, con temperaturas que rondaban los 15 grados bajo cero. En el procedimiento se incautaron unos 490 panes en una Toyota Hilux y otros 210 en una Mercedes-Benz Sprinter acondicionada para el traslado. De manera simultánea se concretaron ocho allanamientos en Córdoba, la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, donde se secuestraron cartas náuticas, dinero en efectivo y bienes.
Según la reconstrucción de la pesquisa, los integrantes de la organización llegaron a Caviahue el 19 de junio de 2024 presentándose como turistas interesados en las actividades de nieve. Alquilaron cabañas —en algunos casos cambiaron de complejo— y se movilizaron en camionetas de alta gama y motos de nieve, que los investigadores sospechan que también se usaron para reconocer caminos y posibles pasos clandestinos hacia Chile. El alquiler de las cabañas, por unos 680.000 pesos, habría sido pagado por una empresa radicada en Buenos Aires que figuraba formalmente como firma ganadera y que ahora está bajo la lupa.
Qué busca la Justicia con el peritaje
Con los dispositivos en análisis, los investigadores intentan responder quién financió el cargamento, qué papel cumplió la empresa que pagó el alquiler de las cabañas, cómo se articuló la logística para mover casi 800 kilos hasta la cordillera y hasta dónde llegaban las conexiones internacionales de la estructura. La causa también podría aportar datos sobre la posible vinculación de la organización con el decomiso de casi 1,5 toneladas de cocaína a bordo del velero Thorben en 2020, con otros 1.548 kilos incautados en Canning y Escobar en 2022 y con una operación de metanfetaminas frustrada durante el Mundial de Qatar.
Entre los interrogantes que la Justicia busca despejar aparecen además dos homicidios por encargo ocurridos en Recoleta y en Pilar, y la identificación de los integrantes de la estructura jerárquica de la organización que permanecen prófugos. La hipótesis central es que detrás del cargamento de Caviahue había una estructura mayor, con capacidad para conseguir la droga, trasladarla, almacenarla y sacarla del país por distintas rutas, utilizando empresas como pantalla y una logística que combinaba el transporte terrestre con operaciones marítimas.
La situación de los acusados
Entre los principales acusados aparecen Gerardo David Salinas, alias “El Negro”, señalado como uno de los organizadores de la operación, e Ileana Mariela Bolzán, considerada una pieza central de la estructura y vinculada anteriormente con el caso del velero Thorben. De acuerdo con la información conocida el martes 15 de septiembre, siete personas fueron procesadas con prisión preventiva, otro imputado obtuvo falta de mérito y un integrante de la organización continúa prófugo.
La droga secuestrada en la cordillera neuquina fue destruida en noviembre de 2024 en los hornos crematorios del Cementerio Central de Neuquén, en un procedimiento que encabezó la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich junto al gobernador Rolando Figueroa. La causa continúa abierta y el peritaje de los teléfonos secuestrados se convirtió en la principal herramienta para completar el mapa de una de las operaciones narco más importantes descubiertas en la provincia.
Nota en base a Noticias NQN y Mejor Informado, con asistencia de IA y editada por un redactor de ADNSUR.
