El concejal del bloque PICH presentó una denuncia penal contra el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich, por incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
El concejal del bloque PICH, Omar Lattanzio, presentó una denuncia penal contra el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich, por los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
El escrito judicial deja asentadas “sospechas sobre la posible comisión de delitos de corrupción de fondo”, tales como negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, administración fraudulenta o peculado.
No obstante, el denunciante aclara expresamente que la acreditación de estas maniobras —asociadas a la falta de licitaciones públicas, el fraccionamiento de contratos y la existencia de presuntos sobreprecios— “excede el objeto puntual de esta presentación”, la cual está enfocada con urgencia en denunciar la obstrucción del acceso documental y lograr el resguardo inmediato de las pruebas.
De este modo, la denuncia penal no constituye una acusación directa y formal por defraudación en este momento, sino que plantea que estas graves irregularidades representan una instancia posterior de investigación, que el Ministerio Público Fiscal deberá sustanciar “por cuerda separada o en forma conexa”, una vez que se logren auditar las obras.
La presentación fue radicada ante la Oficina Fiscal de Comodoro Rivadavia y también alcanza a otros funcionarios o agentes municipales cuya eventual responsabilidad pudiera surgir de la investigación. Lattanzio pidió además medidas urgentes para preservar la documentación física y digital involucrada.
EL RECLAMO POR LOS EXPEDIENTES
El planteo judicial retoma una disputa que tuvo su último capítulo político en la interpelación a Ostoich realizada el 27 de agosto en el Concejo Deliberante.
Según relata Lattanzio, el 27 de mayo solicitó la totalidad de los expedientes correspondientes a concursos privados de precios tramitados por la Secretaría de Infraestructura entre mayo de 2025 y mayo de 2026. El pedido fue reiterado posteriormente.
El Ejecutivo respondió inicialmente que reunir las copias implicaría fotocopiar todos los expedientes, con un importante costo en recursos humanos y materiales y un plazo estimado de al menos un mes. Lattanzio respondió que había solicitado copias, no necesariamente en papel, y que los expedientes debían encontrarse digitalizados.
Finalmente, el 10 de agosto, la Secretaría de Infraestructura comunicó que la documentación quedaba a disposición para su consulta los viernes de 15 a 16 horas, previa indicación con una semana de anticipación de los expedientes que serían revisados.
El concejal consideró que esa modalidad hacía prácticamente inviable el control y reclamó copias completas o digitalizadas.
La resolución sobre los expedientes digitales
El argumento central de la denuncia es la Resolución Municipal 0367-21. Según sostiene Lattanzio, esa norma establece la digitalización de los expedientes de contratación de obras públicas y coloca esa responsabilidad en el secretario de Infraestructura y Obras Públicas.
La misma resolución establece mecanismos de seguridad para garantizar la integridad de los documentos digitales, además de identificación de usuarios y control de accesos.
A partir de esa normativa, el concejal sostiene que la falta de recursos para realizar fotocopias no justificaría la demora en entregar copias digitales.
EL TRASFONDO DE LA INTERPELACIÓN
El reclamo por los expedientes fue uno de los antecedentes de la extensa interpelación a Ostoich, durante la cual Lattanzio formuló 102 preguntas y cuestionó, entre otros puntos, el uso de concursos privados de precios, la ausencia de licitaciones públicas en el período y posibles sobreprecios. El funcionario respondió parte de manera oral y quedó pendiente el tratamiento de las restantes en comisión.
De acuerdo con la nómina incorporada por Lattanzio a la denuncia, los concursos privados de precios realizados entre mayo de 2025 y mayo de 2026 representan un monto acumulado de más de 16.600 millones de pesos. La propia presentación señala que esa cifra deberá ser verificada por la Fiscalía con la documentación original.
QUÉ PIDIÓ LA FISCALÍA
Además de la investigación de los hechos que denuncia, Lattanzio solicitó que se ordene preservar los expedientes físicos y sus respaldos digitales, obtener copias certificadas y resguardar los registros de acceso y modificación de los archivos.
El pedido se fundamenta en el temor expresado por el concejal de que la documentación pueda ser alterada, ocultada o destruida antes de una eventual investigación.
La denuncia deja planteada también la posibilidad de investigar otras conductas vinculadas con las contrataciones si surgieran elementos durante el proceso, aunque el propio escrito aclara que su objeto principal es el acceso a la documentación y su preservación.
Ahora será la Fiscalía la que deberá evaluar la presentación y determinar si existe mérito para avanzar con una investigación penal.