El Ministerio Público Fiscal de Salta imputó a diez efectivos policiales por distintos delitos vinculados al incumplimiento de funciones en el marco del femicidio ocurrido el 17 de febrero en Campo Quijano.
El Ministerio Público Fiscal de Salta imputó a diez efectivos policiales por distintos delitos vinculados al incumplimiento de sus funciones en el marco del femicidio ocurrido el 17 de febrero en la localidad de Campo Quijano. La causa es impulsada por la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios (UFEM), que este lunes convocó a los acusados a una audiencia de imputación.
Según la investigación, Natalia Cruz había denunciado en reiteradas oportunidades a su expareja, Daniel Orlando Serapio, por hechos de violencia de género. Como consecuencia de esas denuncias, la Justicia había dispuesto una consigna policial permanente en la vivienda de la víctima para resguardar su integridad. Sin embargo, esa medida nunca habría sido ejecutada, pese a que la Comisaría N° 7 estaba debidamente notificada.
El femicidio ocurrió cuando Serapio ingresó a la casa de Cruz y la asesinó. Tras el crimen, el hombre le confesó lo sucedido a la madre de la víctima y escapó. Permaneció prófugo durante dos semanas hasta ser localizado en una cueva de la precordillera salteña, donde finalmente fue detenido.
Uno de los puntos que surgieron durante la investigación es que, después del asesinato, algunos efectivos habrían confeccionado un informe policial con datos falsos para dejar constancia de un supuesto intento de cumplir con la consigna judicial, algo que, según la Fiscalía, nunca ocurrió.
La causa es encabezada por la fiscal de la UFEM, María Luján Sodero Calvet, junto a la fiscal Claudia Geria, de la Fiscalía de Derechos Humanos. Debido a la gravedad institucional del caso, la Procuración General de Salta conformó una unidad especial integrada por ambas fiscalías para profundizar la investigación.
Los fiscales reunieron pruebas que, además del incumplimiento puntual en el caso de Natalia Cruz, exponen presuntas irregularidades sistemáticas en el tratamiento de situaciones de violencia de género durante los primeros meses de 2026. Entre las anomalías detectadas figuran fallas en los controles internos, incumplimientos de protocolos y deficiencias en la ejecución de medidas de protección ordenadas por la Justicia.
Por estos hechos, el jefe de la comisaría y quien cumplía funciones como jefe de guardia fueron imputados por falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real. La acusación sostiene que ambos no garantizaron la custodia dispuesta para la víctima y promovieron la elaboración del documento apócrifo. Además, un suboficial y un oficial enfrentan cargos por falsedad ideológica, ya que uno habría redactado el informe falso y el otro habría transmitido la orden para confeccionarlo.
En tanto, otros seis integrantes de la dependencia policial fueron imputados como coautores del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por no adoptar las medidas necesarias para hacer efectiva la protección judicial ni comunicar a las autoridades la imposibilidad de cumplirla.
La reconstrucción de los hechos se realizó a partir del análisis de documentación oficial, registros administrativos y numerosos testimonios, con intervención del Juzgado de Violencia Familiar y de Género de 2° Nominación del distrito Centro.
Mientras avanza la investigación sobre el accionar policial, Daniel Orlando Serapio continúa detenido con prisión preventiva acusado del femicidio de Natalia Cruz. También permanecen privados de la libertad otras dos personas imputadas por encubrimiento agravado, señaladas por haber colaborado con la fuga del principal sospechoso tras el crimen.