La jueza federal de Comodoro Rivadavia, Eva Parcio, rechazó una medida cautelar presentada por 93 familias que solicitaban un pago mensual equivalente a tres canastas básicas para cubrir gastos de alquiler y subsistencia tras el derrumbe del Cerro Hermitte.
La jueza federal de Comodoro Rivadavia, Eva Parcio, rechazó una medida cautelar presentada por 93 familias afectadas por el derrumbe del Cerro Hermitte, ocurrido el 17 de enero. Las familias reclamaban el pago mensual de una suma equivalente a tres canastas básicas informadas por el INDEC para afrontar gastos de alquiler y subsistencia, según informó ADNSUR.
El planteo judicial se enmarca en una demanda más amplia presentada el 2 de marzo contra el Estado Nacional, la Provincia del Chubut, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, YPF y Pecom. En esa acción, los vecinos solicitaron que se condene a los demandados a ejecutar un plan integral de remediación ambiental por las consecuencias del deslizamiento en la ladera sur del cerro. Además, pidieron que, una vez dictada la sentencia definitiva, se ordene la reparación de los daños individuales sufridos.
Los demandantes sostuvieron que el desplazamiento afectó a distintos barrios, generando daños en viviendas, infraestructura y servicios públicos esenciales, lo que derivó en la declaración de emergencia geológica y urbanística por parte del municipio. Atribuyeron responsabilidades a los demandados por acción u omisión vinculada a la actividad hidrocarburífera en la zona.
Como medida cautelar, solicitaron el pago mensual de tres canastas básicas, al considerar que debieron afrontar gastos de alquiler no previstos tras ser evacuados de sus viviendas por riesgo de derrumbe. El Estado Nacional pidió el rechazo del planteo, argumentando que la atribución de responsabilidades requiere un proceso probatorio amplio y que acceder al pago implicaría anticipar el resultado del juicio.
En su resolución, Parcio coincidió con ese criterio y sostuvo que el reclamo constituye una “tutela anticipada” que pretende imponer obligaciones patrimoniales antes de determinar la responsabilidad de los demandados. Señaló que las causas del deslizamiento, la eventual existencia de conductas antijurídicas y el nexo causal con los daños forman parte del objeto central de la demanda y deberán esclarecerse durante el proceso judicial. Ordenar el pago implicaría adelantar los efectos económicos de una eventual sentencia favorable, sin que se haya acreditado la responsabilidad de las partes involucradas.
La magistrada también descartó la existencia de un peligro en la demora que justifique la medida. Si bien reconoció la gravedad de la situación, indicó que los demandantes no acreditaron de manera individual su nivel de afectación, ni detallaron si debieron abandonar sus viviendas, los gastos concretos que afrontan o si reciben asistencia estatal. Remarcó que el planteo parte de una generalización sobre la situación de las familias afectadas, sin aportar elementos que permitan evaluar la urgencia en cada caso particular. “La sola acreditación genérica de un hecho dañoso colectivo no resulta suficiente”, concluyó.
En paralelo, el Municipio comenzó con tareas de aterrazamiento del cerro Hermitte, con colaboración de operadoras privadas que aportaron maquinaria pesada y asesoramiento de consultoras. El secretario de Infraestructura, Fernando Ostoich, señaló: “Son aproximadamente 110.000 metros cúbicos de material que se debe movilizar. Ya llevamos desplazados cerca de 18.000 metros cúbicos, por lo que el avance es muy bueno”.
Verónica Costa, vocera del barrio Médanos, uno de los afectados, declaró en Seta TV: “Hay una gran expectativa. Claramente no existe la angustia de los meses pasados, vemos que se van concretando las obras a paso sostenido, pero necesitamos restituir la seguridad de vivir en este barrio”. Agregó que los vecinos que no pudieron mudarse o tuvieron que regresar al barrio “están calefaccionándose como pueden: con garrafas, artefactos eléctricos, con leña”.