La Federación Económica de Santa Cruz advirtió que la reforma al régimen de Zona Fría, aprobada en la Cámara de Diputados, podría generar incrementos de entre un 30% y un 50% en las tarifas de gas en la región patagónica.
La Federación Económica de Santa Cruz (FESC) emitió un comunicado en el que alertó sobre los efectos de la reforma al régimen de Zona Fría, aprobada en la Cámara de Diputados. Según la entidad, la modificación altera la forma en que se calcula el subsidio al gas, lo que podría derivar en aumentos significativos en las facturas.
De acuerdo con la FESC, el descuento dejará de aplicarse sobre el total de la factura y se calculará únicamente sobre el valor del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). Esto implica que quedarán excluidos del subsidio conceptos como distribución, transporte e impuestos.
La organización estimó que las boletas de gas podrían aumentar entre un 30% y un 50% en la región patagónica. En Santa Cruz, señalaron, el impacto es especialmente relevante debido a las bajas temperaturas y la dependencia del gas durante ocho o nueve meses al año.
“El gas es un servicio esencial e irremplazable durante ocho o nueve meses”, afirmaron desde la FESC. La entidad también advirtió que un mayor gasto en servicios básicos reduciría el consumo en comercios y actividades vinculadas a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).
La FESC vinculó esta situación con el contexto económico provincial, indicando que el Índice de Producción y Actividad Económica (IPAE) ya muestra una caída sostenida en el consumo. “Incorporar una presión tarifaria adicional de esta magnitud en pleno período de mayor demanda energética agrava un escenario económico que ya evidencia deterioro”, sostuvieron.
Asimismo, la entidad afirmó que el impacto no solo afectará a las familias, sino también al comercio y al empleo. “Cuando los hogares deben destinar más dinero a pagar servicios esenciales, inevitablemente reducen gastos en otros sectores de la economía”, declararon.
Finalmente, la Federación indicó que considera su deber informar de manera anticipada sobre las consecuencias de la reforma tarifaria y afirmó que los santacruceños “tienen derecho a conocer cómo esta medida afectará su economía familiar”.