El letrado Roberto Castillo confirmó que promoverá un jury de enjuiciamiento contra el juez de Familia Pablo Pérez y denuncias penales contra las profesionales del equipo interdisciplinario, en el marco de la investigación por la muerte del niño.
El abogado Roberto Castillo, representante del padre del niño Ángel, anunció públicamente una estrategia legal que incluye dos acciones principales. Por un lado, promoverá un jury de enjuiciamiento (un proceso de juicio político) contra el juez de Familia Pablo Pérez, argumentando responsabilidad institucional en el desenlace del caso. Por otro lado, confirmó que presentará denuncias penales contra las licenciadas en psicología del Equipo Técnico Interdisciplinario que intervinieron, cuestionando sus informes.
Castillo sostuvo que, de no ser por la inmunidad del magistrado, este sería considerado un «partícipe necesario» y afirmó que «sin su firma, Ángel estaría entre nosotros». La ofensiva legal busca invalidar los documentos oficiales que respaldaron las resoluciones del juez Pérez, quien, basándose en esos peritajes, había apartado a la familia paterna.
Los informes psicológicos de mediados de 2025, ahora cuestionados, habían advertido sobre conductas violentas, rigidez extrema en la crianza y consumo problemático de alcohol por parte del padre, Luis López. Además, en una audiencia oficial de febrero de este año, el propio niño manifestó su deseo de vivir con su madre y rechazó el contacto con su padre.
Mientras se desarrolla esta batalla legal e institucional, la investigación material por la muerte del niño de cuatro años continúa. La madre biológica, Mariela Altamirano, y su actual pareja, Michel Kevin González, permanecen detenidos como presuntos coautores de homicidio agravado por el vínculo, a la espera de los resultados finales de las pericias forenses.
