Un acta judicial fechada en febrero de 2026, donde un niño de cuatro años expresó su deseo de vivir con su madre y no ver a su padre, se constituye como un elemento central en la causa por su fallecimiento, que se investiga como posible homicidio.
Un documento judicial, fechado el 9 de febrero de 2026 y notificado a los abogados defensores de Luis López, certifica la realización de una audiencia de escucha al niño contemplada en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño. En el acto, presidido por el juez de Familia Pablo Pérez y con la presencia de la asesora Verónica Roldán, el menor de cuatro años logró hacerse entender con dificultad y expresó que «vive con su ‘mami’ y le gustaría seguir viviendo allí». Respecto al vínculo con su progenitor, el acta remarca que el menor manifestó que «no quiere verlo».
Esta audiencia resultó un elemento central en el expediente a cargo del juez Pérez, quien dictaminó la guarda a favor de la madre biológica. La decisión se sostuvo en el deseo expreso del niño certificado por las autoridades judiciales y en el historial acumulado en torno al padre. Según consta en la causa, el padre biológico sumaba al menos tres denuncias formales por conductas violentas.
La intervención judicial original en 2023 comenzó por alertas de vecinos a la policía comunitaria tras observar al hombre darle cerveza al niño en la vía pública. A este contexto se sumaron los reiterados incumplimientos de su actual pareja, Lorena, quien tenía una prohibición de acercamiento por obstaculizar la revinculación del menor con su madre y permitir que el padre violara restricciones perimetrales.
Mientras el Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia avanza con la investigación penal para determinar las responsabilidades directas por la muerte del niño, los fiscales Cristian Olazábal y Facundo Oribones detallaron en conferencia de prensa que la causa se investiga bajo la hipótesis de un posible homicidio. Esta línea se reforzó luego de que el informe preliminar de la autopsia detectara que el niño presentaba traumatismos recientes en la zona del cráneo.
Aunque no hay imputaciones formales, los fiscales confirmaron que la madre del menor, Mariela Altamirano, y su actual pareja figuran como los principales sospechosos. Ambos adultos estaban a cargo del cuidado del niño en la vivienda donde sufrió un paro cardiorrespiratorio antes de ser trasladado al Hospital Regional, donde falleció 48 horas después.
Como parte de las diligencias, la Justicia ya ejecutó allanamientos, secuestró teléfonos celulares para su peritaje y dispuso vigilancia policial sobre los sospechosos, a la espera de estudios histopatológicos complementarios que confirmarán la causa exacta de la muerte.