Una investigación judicial desbarató una banda de estafadores que operaba desde el interior de la Unidad Penitenciaria 35 de Magdalena, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense. El grupo, apodado «Call Center Carcelario», tenía como objetivo principal a profesionales y funcionarios, logrando engañar a al menos dos jueces del Departamento Judicial de San Isidro.
La modalidad del engaño
La metodología consistía en llamadas telefónicas realizadas en horario laboral, donde los delincuentes se hacían pasar por empleados de empresas de mensajería. Solicitaban a las víctimas que proporcionaran códigos de verificación de seis dígitos que, en realidad, eran las claves para secuestrar sus cuentas de WhatsApp. Una vez obtenido el control, los estafadores contactaban a los contactos de la víctima para solicitar dinero.
Los jueces víctimas
El primer magistrado afectado fue el juez Luis Cayuela, quien a mediados de febrero cayó en la trampa mientras se encontraba distraído por cuestiones familiares. Perdió el control de su aplicación de mensajería. Una semana después, sus colegas intentaron estafar a su compañero de cámara, el juez Juan Eduardo Stepaniuc. Sin embargo, en esta oportunidad, la intervención oportuna de Cayuela, quien reconoció el modus operandi, impidió el delito.
La investigación y los allanamientos
La denuncia de Cayuela activó una investigación a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelito (Ufeic) de San Isidro y de la DDI local. Las intervenciones telefónicas permitieron rastrear las llamadas hasta una línea registrada a nombre de uno de los internos y geolocalizar el origen dentro del penal de Magdalena.
El fiscal Patricio Ferrari solicitó allanamientos dentro de la cárcel, los cuales fueron autorizados por el juez de Garantías Esteban Rossignoli. En las celdas se incautaron teléfonos celulares, presuntamente los utilizados para las estafas. La investigación reveló que el grupo realizaba hasta 30 llamadas diarias en busca de víctimas.
Los imputados
Tres internos de la Unidad 35 fueron formalmente imputados por los hechos. Se trata de Gabriel Nicolás G. (26), Juan Manuel A. (32) y Facundo P. (28). Según la resolución judicial, el primero posee un extenso prontuario y ya había sido declarado reincidente. Todos permanecen detenidos en el mismo establecimiento desde donde, según la investigación, cometieron los delitos.
Un problema recurrente
Este caso expone, una vez más, el uso ilegal de teléfonos celulares dentro de las cárceles para cometer delitos. Si bien el acceso a estos dispositivos fue flexibilizado en ciertos períodos, su utilización con fines delictivos desde el interior de los penales representa un desafío constante para las autoridades. La cárcel de Magdalena ya había sido noticia por otros casos de extorsión planificados por internos.