La Legislatura de Santa Cruz trata un proyecto que establece anclajes obligatorios, controles técnicos y un certificado de seguridad para estructuras deportivas y recreativas en toda la provincia.
La Legislatura de Santa Cruz comenzó a tratar un proyecto denominado “Ley Joaquín”, que busca establecer nuevas medidas de seguridad para las estructuras deportivas, recreativas y lúdicas instaladas en espacios públicos y privados de toda la provincia.
La iniciativa surgió tras la muerte de Joaquín Stefano Gatto, un niño de 12 años oriundo de Buenos Aires, que falleció en enero pasado luego de ser aplastado por un arco de fútbol durante un viaje de campamento en el predio del colegio Ceferino Namuncurá en Junín de los Andes, provincia de Neuquén.
Según el fiscal del caso, el arco contaba con espacios para colocar estacas, pero estas no fueron colocadas y tampoco estaba cementado al suelo. En junio pasado, el director de la escuela fue imputado por la muerte del menor.
El proyecto apunta a evitar accidentes provocados por el vuelco, caída o desprendimiento de estructuras como arcos de fútbol, hockey, handball y rugby, aros de básquet, postes de vóley y juegos de plazas.
La propuesta fue impulsada por los diputados Santiago Aberastain Zubimendi, Segundo Santana, José Luis Quiroga, Fabiola Loreiro y Cristian Ojeda.
Medidas de seguridad
El proyecto establece que las estructuras deberán contar con sistemas de anclaje fijos al suelo, contrapesos homologados y protecciones acolchadas antivuelco. La intención es reducir los riesgos durante el uso de las instalaciones, especialmente ante movimientos, golpes o la tracción que puedan ejercer las personas.
La normativa alcanzaría a escuelas, clubes, complejos deportivos, plazas, parques, playones, paseos públicos, campamentos y centros recreativos, además de predios pertenecientes a organizaciones intermedias o religiosas.
Certificado obligatorio
Otro de los puntos centrales es la implementación de inspecciones técnicas obligatorias. Los controles deberán ser realizados por profesionales matriculados en Seguridad e Higiene.
En caso de aprobarse, los establecimientos tendrán un año desde la reglamentación de la ley para adaptar sus instalaciones. Una vez finalizada la inspección, deberán emitir un “Certificado de Aptitud Técnica y Seguridad”, que deberá permanecer visible y accesible en el establecimiento o cerca de las instalaciones verificadas.
Además, las compañías de seguros que otorguen cobertura de responsabilidad civil deberán exigir que ese certificado esté vigente para emitir o renovar las pólizas.