La sociedad FB Líneas Aéreas S.A., operadora de la marca Flybondi, presentó el viernes 2 de octubre un pedido de concurso preventivo de acreedores ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 24, a cargo del juez Guillermo Mario Pesaresi. La empresa acumula 57 días sin vuelos comerciales, una reducción de flota de 13 a tres aeronaves, cerca de 1.000 bajas entre despidos y retiros voluntarios, y reclamos de trabajadores, pasajeros y proveedores.
La sociedad FB Líneas Aéreas S.A., que opera bajo la marca Flybondi, presentó el viernes 2 de octubre un pedido de concurso preventivo de acreedores. La presentación quedó radicada en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 24, a cargo del juez Guillermo Mario Pesaresi. El objetivo declarado por la compañía es reordenar sus obligaciones y alcanzar un acuerdo con sus acreedores.
La Justicia aún debe resolver la apertura formal del concurso. Según el planteo, la presentación no implica que el proceso concursal ya haya sido abierto.
La decisión se produjo después de un prolongado deterioro de la operación. El último vuelo de Flybondi se realizó a comienzos de agosto y, desde entonces, la empresa dejó de transportar pasajeros. Su flota pasó de 13 aeronaves a tres en el país, mientras las restantes fueron devueltas o permanecen vinculadas a procesos técnicos de restitución.
La crisis también tuvo impacto sobre los trabajadores. Cerca de 1.000 personas dejaron la empresa entre despidos y retiros voluntarios. Empleados y extrabajadores denunciaron demoras en el pago de indemnizaciones, incumplimientos de acuerdos y deudas salariales.
En paralelo, la empresa acumuló reclamos financieros y judiciales. Entre los datos registrados aparecen 27 cheques rechazados por más de $2.900 millones, deudas fiscales y embargos promovidos por organismos públicos y acreedores privados. También se sumaron pedidos de quiebra de empresas que reclaman el pago de servicios y obligaciones comerciales.
La situación alcanzó a los pasajeros. Durante 2026, la compañía acumuló alrededor de 2.400 vuelos cancelados, con unos 383.000 pasajeros afectados, de acuerdo con relevamientos citados por medios especializados. Los reclamos incluyen devoluciones de dinero y otras obligaciones vinculadas con los servicios cancelados durante los meses previos al cese total de operaciones.
El conflicto derivó además en actuaciones de organismos públicos vinculados con la actividad aerocomercial. La interrupción de los vuelos y los incumplimientos registrados durante el año generaron reclamos y sanciones, mientras la empresa debía afrontar simultáneamente las obligaciones con sus trabajadores, proveedores, organismos estatales y usuarios.
Con la presentación en concurso preventivo, la Justicia deberá analizar el pedido y, si dispone la apertura, comenzará el proceso de verificación de los créditos reclamados por los acreedores, además de establecerse las distintas etapas previstas por la legislación concursal. El objetivo será que Flybondi pueda negociar un acuerdo que le permita reestructurar sus obligaciones y evitar una eventual quiebra.