La Secretaría de Trabajo de Santa Cruz dispuso seis ceses preventivos de tareas en el yacimiento Cerro Negro, operado por Newmont, tras un operativo de inspección que requirió intervención judicial para el ingreso de los agentes provinciales. La empresa no se pronunció públicamente sobre las observaciones.
La situación en el yacimiento Cerro Negro, operado por Newmont en Santa Cruz, derivó en un conflicto entre la empresa y las autoridades provinciales por el ingreso de inspectores.
El Gobierno santacruceño informó que debió recurrir a la Justicia para garantizar el acceso al establecimiento, luego de que los ingresos fueran cerrados con candados, según la versión oficial. La intervención judicial no correspondió a un allanamiento penal, sino a una medida destinada a permitir un procedimiento administrativo de inspección. La orden fue ejecutada por la policía y permitió el ingreso de los agentes.
El operativo comenzó el 9 de septiembre y tuvo una duración prevista de entre 72 y 96 horas. Participaron más de veinte agentes provinciales. Como resultado, la Secretaría de Trabajo dispuso seis ceses preventivos de tareas en distintos sectores del complejo minero, incluyendo áreas bajo mina, plantas y laboratorios. Se trata de suspensiones específicas sobre determinadas actividades, aplicadas hasta que se corrijan las observaciones detectadas, y no de una clausura total de Cerro Negro.
Entre las irregularidades señaladas por las autoridades aparecen vehículos que no contarían con la habilitación correspondiente, deficiencias vinculadas con el transporte de combustible y sustancias peligrosas y problemas en equipos destinados a la medición de gases. El secretario de Trabajo de Santa Cruz, Javier Aravena, informó sobre la verificación de una situación que podría estar relacionada con un derrame de cianuro.
Hasta el momento, no se conoció públicamente un informe técnico completo que detalle cada una de las situaciones detectadas. Tampoco se difundió una respuesta específica de Newmont frente a las acusaciones formuladas por el Gobierno santacruceño. El alcance definitivo de las irregularidades y las medidas que deberá adoptar la compañía dependerán de la documentación que surja de las actas de inspección y de las eventuales presentaciones de la empresa.
En abril de 2024, dos trabajadores de Cerro Negro murieron mientras desarrollaban sus tareas. Newmont confirmó los fallecimientos, suspendió las actividades en el complejo e inició una investigación para determinar las circunstancias de lo ocurrido.
Durante 2026, la Provincia había realizado distintas inspecciones y solicitado medidas correctivas. También se acumularon reclamos gremiales relacionados con las condiciones de seguridad, las empresas contratistas, la contratación de trabajadores locales y la presencia de responsables de la compañía con capacidad para tomar decisiones en el territorio.
Newmont retomó el desarrollo denominado Cerro Negro District Expansion 1 después de una pausa de aproximadamente un año, período durante el cual realizó una revisión de capital y planteó mejoras vinculadas con la seguridad y la productividad. La expansión contempla incorporar alrededor de 3,5 millones de onzas de oro y extender la vida útil de la operación más allá de 2038. El proyecto representa una inversión estimada de entre 550 y 600 millones de dólares y la empresa proyectó para 2026 una producción cercana a las 220.000 onzas de oro.
Las medidas adoptadas por Santa Cruz son preventivas y se concentran en sectores específicos. La situación podría quedar acotada si la empresa corrige las observaciones y acredita el cumplimiento de las condiciones exigidas por los organismos provinciales. Si los controles determinan incumplimientos de mayor gravedad o las correcciones se extienden en el tiempo, el conflicto podría derivar en nuevas medidas administrativas.
Otro de los puntos que atraviesa la disputa es el cumplimiento de los porcentajes de trabajadores locales exigidos por la Provincia. Este reclamo forma parte de una discusión más amplia entre el Gobierno santacruceño, la empresa y los sectores gremiales, que cuestionaron en distintos momentos las condiciones de contratación y la participación de trabajadores de la provincia en la actividad minera.
Con información del sitio Minería y Desarrollo.