El Ministerio Público Fiscal imputó a 11 personas por presunta comercialización de estupefacientes en Neuquén. La fiscalía solicitó medidas cautelares que incluyen detenciones domiciliarias, prohibiciones de acercamiento y clausuras de viviendas.
El Ministerio Público Fiscal imputó a 11 personas por presunta comercialización de drogas en distintos puntos de Neuquén y solicitó medidas cautelares que incluyen detenciones domiciliarias, prohibiciones de acercamiento a determinados barrios y clausuras de viviendas. Las acusaciones surgieron de allanamientos realizados durante el fin de semana, en conjunto con el Departamento Antinarcóticos de la Policía provincial.
La fiscal Silvia Moreira formuló cargos primero contra cuatro hombres por una presunta estructura dedicada a vender estupefacientes en al menos dos viviendas de Cuenca XV. Luego, junto con el asistente letrado Pablo Jávega, acusó a otras siete personas de integrar una organización familiar que habría operado también en sectores cercanos.
Cocaína, marihuana y pagos por billeteras virtuales
Según la primera acusación, F.E.S., P.L.H., A.D.L. y S.A.A. habrían comercializado drogas entre el 20 de mayo y el 27 de agosto de 2026. Los compradores concurrían a los domicilios señalados y los pagos se realizaban «mediante efectivo o billeteras virtuales». Durante los allanamientos fueron secuestrados 84 gramos de cocaína y 61 gramos de cannabis sativa, además de dinero en efectivo. Los cuatro fueron imputados como coautores del delito de comercio de estupefacientes agravado por la participación de tres o más personas.
Para P.L.H., A.D.L. y S.A.A. se dispuso prisión domiciliaria durante dos meses, con consigna policial hasta la colocación de las tobilleras electrónicas y prohibición de contacto con testigos. En el caso de F.E.S., se ordenó que no ingrese a Cuenca XV. También se clausuró un inmueble de la calle Delegados Territoriales Neuquinos.
Una segunda estructura familiar
En otro legajo, la Fiscalía acusó a J.A.Y., C.B.F., O.G.F.S., M.E.M., J.M.M., T.B.S. y C.N.F.S. de integrar una organización familiar dedicada al fraccionamiento y comercialización de cocaína y marihuana. Según la acusación, la actividad se extendió desde el 17 de diciembre de 2025 hasta el 27 de agosto de 2026, con una división de roles y distintos puntos de venta que funcionaban de manera coordinada. Los compradores podían ser derivados de una vivienda a otra, y los pagos se realizaban en efectivo o mediante billeteras virtuales.
En los procedimientos del 27 de agosto se secuestraron envoltorios de cocaína y marihuana preparados para la venta, balanzas de precisión, anotaciones con precios y nombres, dinero en pesos argentinos, dólares y pesos chilenos, además de armas de fuego y municiones. La Fiscalía atribuyó a los siete el delito de comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas, como coautores, y a O.G.F.S. y M.E.M. también les imputó tenencia ilegítima de armas.
Cuatro meses de prisión domiciliaria
La Fiscalía había solicitado cuatro meses de detención domiciliaria para los siete imputados, en viviendas alternativas fuera de Cuenca XV, con monitoreo electrónico. Hasta la colocación de las tobilleras, se ordenaron al menos tres rondines policiales diarios y sorpresivos. También pidió prohibir durante cuatro meses el contacto con cinco testigos de identidad reservada y vecinos denunciantes.
El juez de Garantías Marco Lupica Cristo hizo lugar a los cargos y fijó en cuatro meses, hasta el 29 de diciembre de 2026, el plazo de investigación. Dispuso además la prisión domiciliaria en otros barrios y prohibió el contacto con los cinco testigos mencionados por la Fiscalía. En el caso de M.E.M., la imputación como adulto quedó limitada al período posterior al 23 de mayo de 2026, cuando cumplió 18 años.
Clausuras, embargos y una vivienda sin cierre
El magistrado ordenó además la colocación de tobilleras electrónicas y controles policiales hasta que estén operativas. También prorrogó por cuatro meses la clausura de la vivienda de T.B.S. En cambio, rechazó clausurar otro domicilio para evitar dejar sin vivienda a tres niños menores de edad, al considerar que el riesgo de reanudación de la actividad estaba neutralizado con el traslado de la pareja a otro barrio y la detención domiciliaria dispuesta.
Por último, Lupica Cristo autorizó el embargo de cuentas y billeteras virtuales de J.A.Y. y C.N.F.S. hasta $30 millones por persona, aunque excluyó aquellas destinadas al cobro de subsidios o de naturaleza alimentaria.