La Fiscalía imputó a Marina Soledad Uribe por lesiones leves y amenazas tras agredir a Camila González en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. El conflicto estaría vinculado a celos y una relación sentimental previa.
La Fiscalía de Comodoro Rivadavia imputó a Marina Soledad Uribe por los delitos de lesiones leves en concurso real con amenazas, tras el ataque ocurrido el viernes en el Hospital Regional. La víctima, Camila González, sufrió una lesión facial provocada con un cúter.
Según el fiscal Marcelo Cretton, la hipótesis principal indica que el ataque tuvo un origen familiar, vinculado a celos y a una relación sentimental. El hombre que mantenía una relación con la imputada es primo de la víctima.
La Fiscalía investiga que Uribe y ese hombre habían atravesado una ruptura previa, y que una fotografía habría desencadenado la reacción. Cretton declaró: “Aparentemente hubo una ruptura anterior de la imputada con el primo de ellos y, en ese ínterin, hubo una foto que desencadenó en esta situación”. También afirmó que la foto “desencadenó la ira de esta mujer”.
El día del ataque, Camila González se encontraba en el hospital junto a su pareja y su hija, una bebé de 21 días, que debía recibir atención médica. Según la acusación, al encontrarse con la víctima, Uribe habría dicho: “Bueno, miren quién está acá”, y luego le habría manifestado que la iba a matar y que la bebé quedaría huérfana.
La madre de la víctima se presentó en la Comisaría Mosconi el mismo día y declaró que la imputada “ya también hace rato que venía con amenazas”, y expresó temor por ella y por otros familiares.
El episodio fue advertido por personas presentes en el hospital, entre ellas una trabajadora de farmacia. La Policía aprehendió a la presunta agresora. La lesión facial fue constatada mediante certificado médico; el fiscal la calificó como leve, ya que no atravesó órganos ni puso en riesgo la vida.
En la audiencia de formalización, Uribe recuperó la libertad, pero se le impuso prohibición de acercamiento a menos de 200 metros de Camila González y su pareja, y de contacto por redes sociales durante 90 días. La investigación tendrá un plazo de seis meses.