La Justicia de Rawson elevó a juicio oral y público la causa contra el secretario general de ATE Chubut, acusado de presunta defraudación por administración fraudulenta. Según la investigación, habría utilizado dinero del gremio para afrontar gastos personales y de su grupo familiar.
El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Chubut, Guillermo Quiroga, quedó formalmente a un paso del juicio oral y público en una causa en la que está acusado de presunta defraudación por administración fraudulenta, en modalidad de delito continuado.
El expediente comenzó a partir de una denuncia presentada por Claudia Barrionuevo, quien se desempeñaba como secretaria de Finanzas de ATE. A partir de esa presentación se inició la investigación sobre el manejo de fondos de la organización.
La investigación, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública (UFE DAP), logró establecer que el dirigente habría utilizado fondos pertenecientes al gremio para cubrir gastos personales y de integrantes de su grupo familiar.
Según la acusación fiscal, el dirigente habría realizado transferencias de dinero de ATE hacia cuentas personales durante el período investigado. Para determinar los movimientos y el destino de los fondos, contadores del Equipo Técnico Multidisciplinario de la Procuración General analizaron información bancaria.
El análisis comprendió desde 2019, cuando Quiroga asumió la conducción de ATE, hasta fines de 2023, momento en que se presentó la denuncia que dio origen a la investigación.
La exesposa del dirigente, Mirta Simone, también estuvo imputada en la causa. El año pasado accedió a una suspensión de juicio a prueba por el plazo de un año, medida que continúa vigente.
A juicio oral y público
La resolución fue adoptada durante una audiencia preliminar realizada en la Oficina Judicial de Rawson. La jueza de garantías Eve Ponce hizo lugar al pedido presentado por el Ministerio Público Fiscal y rechazó los planteos formulados por la defensa de Quiroga, a cargo del abogado Oscar Romero.
La fiscalía, encabezada en este caso por el fiscal general jefe Lucas Papini, presentó la acusación y ofreció distintos elementos de prueba que serán analizados durante el debate: documentación, testimonios, información bancaria y pericias.
Además, el Ministerio Público Fiscal solicitó que parte de la prueba propuesta por la defensa fuera limitada al considerar que algunos elementos eran sobreabundantes o no tenían relación directa con el caso.
Con la decisión de la jueza Ponce, la investigación quedó formalmente elevada a juicio oral y público, donde se deberá determinar si las acusaciones contra el dirigente sindical pueden ser acreditadas.
La causa se encuentra ahora en una nueva etapa judicial y será durante el debate oral donde las partes podrán presentar y discutir las pruebas incorporadas al expediente.