El gobierno provincial dispuso la baja de un auxiliar de servicios y de un oficial de Policía, ambos con sentencias penales firmes por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones.
El gobierno de la provincia del Neuquén, en el marco de la política de tolerancia cero impulsada por el gobernador Rolando Figueroa, concretó en las últimas semanas la exoneración de dos agentes estatales: un portero del Consejo Provincial de Educación (CPE) y un oficial de la Policía provincial. Ambos contaban con condenas penales previas.
Portero condenado por amenazas con arma de fuego
El primero de los casos corresponde a Darío Gaspar Rifo Meliqueo, quien se desempeñaba como auxiliar de servicios en el Jardín de Infantes N° 52 de la localidad de Añelo. El gobernador convalidó la resolución del 18 de mayo de 2026 del CPE que dispuso su baja de la administración pública provincial.
La medida se adoptó a raíz de una sentencia condenatoria por el delito de “amenazas agravadas por el uso de arma de fuego en concurso real con tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil”. Según consta en la documentación oficial, la condena implicó la pérdida del derecho a la estabilidad laboral, en virtud de lo establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo y el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén.
La sentencia fue producto de un acuerdo judicial que le impuso una pena de dos años de prisión de ejecución condicional y el pago de una multa. Desde el gobierno señalaron que su proceder delictivo generó una incompatibilidad directa con su función laboral, y remarcaron que los empleados públicos están obligados a mantener buenas condiciones morales y de conducta, además de un comportamiento decoroso y digno de la confianza que exige su condición de agente del Estado. En ese sentido, se concluyó que el ahora ex portero no cuenta con las condiciones morales y de conducta previstas en la normativa vigente.
Oficial condenado por abuso sexual contra una compañera
El segundo caso corresponde al ex oficial principal Patricio Eduardo Gómez, cuya exoneración fue solicitada por la Jefatura de Policía de la Provincia del Neuquén, tras haber cometido delitos en perjuicio de la integridad física y psicológica de una compañera de trabajo que se encontraba cumpliendo funciones.
El hecho fue denunciado ante el Ministerio Público Fiscal en septiembre de 2023, dando inicio a una causa por abuso sexual. Posteriormente, un Tribunal de Juicio dictó sentencia condenatoria y le impuso una pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional por el delito de “abuso sexual simple agravado por la calidad de funcionario público o miembro de una fuerza policial o de seguridad”.
Según se detalla en el expediente, el ex oficial había interpuesto recursos contra las actuaciones administrativas iniciadas en su contra, los cuales fueron rechazados. Además, la inhabilitación especial perpetua impuesta judicialmente para el ejercicio de funciones vinculadas a la seguridad configuró un impedimento legal que reforzó la decisión de su exoneración del Estado provincial.