Un relevamiento de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) indica que el 87% de los trabajadores estatales encuestados tiene endeudamiento y el 55,4% posee más de un empleo.
Un relevamiento realizado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) indica que el 87% de los trabajadores estatales encuestados tiene algún nivel de endeudamiento, mientras que el 55,4% cuenta con más de un empleo para complementar sus ingresos.
El informe también refleja que el 43% de los trabajadores consultados dejó de participar en actividades políticas debido al cansancio físico y mental, la falta de tiempo y las dificultades económicas.
Desde ATE señalaron que el deterioro de los ingresos y las restricciones en las negociaciones salariales llevan a un número creciente de trabajadores a recurrir al crédito para cubrir gastos cotidianos.
El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, sostuvo que el nivel de endeudamiento constituye una nueva forma de precarización. “Precariza la vida y enferma a los trabajadores”, afirmó.
En esa línea, cuestionó la política salarial implementada durante la actual administración nacional y señaló que, frente a la pérdida del poder adquisitivo, el endeudamiento comienza a ocupar el lugar que debería cubrir el salario.
“Con techos a las paritarias y negociaciones a la baja, el crédito reemplaza al salario real. Antes la deuda era un mecanismo de inversión, ahora es para sobrevivir”, advirtió Aguiar.
El dirigente sindical también se refirió al peso de las cuotas sobre los ingresos de los trabajadores. Según explicó, se trata de recursos que dejan de destinarse al consumo y a necesidades básicas para ser transferidos al sistema financiero.
“Los recursos que se están transfiriendo de los bolsillos de los trabajadores a los bancos, a las financieras y a las tarjetas de crédito son multimillonarios”, afirmó Aguiar. Y agregó: “Cada cuota que se paga deja de ir al consumo o para sostener la salud y la educación”.
Los datos difundidos por ATE plantean un escenario de mayor endeudamiento, multiplicación de empleos y pérdida de tiempo destinado a la participación social, en un contexto de política de ajuste y contención del gasto público impulsada por el Gobierno de Milei.