La Cámara de Diputados otorgó media sanción al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias. La iniciativa pasó al Senado.
La Cámara de Diputados de la Nación otorgó este miércoles media sanción al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como Súper RIGI. La votación registró 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones.
El proyecto fue impulsado por el oficialismo de La Libertad Avanza y apunta a atraer capitales de gran escala vinculados a sectores tecnológicos, de innovación e inteligencia artificial, mediante un esquema de beneficios fiscales y garantías de estabilidad a largo plazo. Recibió el respaldo del interbloque Fuerza del Cambio —que reúne legisladores del PRO, la UCR, el MID y Por Santa Cruz—, además de los bloques Innovación Federal, Independencia de Tucumán y Producción y Trabajo de San Juan. Ahora la iniciativa se traslada al Senado para su tratamiento definitivo.
Cómo votaron los diputados de Neuquén y Río Negro
Por Neuquén, los tres representantes de La Libertad Avanza —Soledad Mondaca, Gabriela Muñoz y Gastón Riesco— votaron a favor, al igual que Karina Maureira (La Neuquinidad). El único voto en contra fue el de Pablo Todero (Unión por la Patria).
Gabriela Muñoz afirmó: «Neuquén es hoy el mayor motor de crecimiento nacional debido a todas las inversiones en petróleo, gas y oleoductos impulsados por el gobierno de Javier Milei», y señaló que los inversores ven en Argentina una oportunidad concreta de crecimiento.
Pablo Todero sostuvo: «Las inversiones que hoy están produciendo son previas al RIGI y, sin el régimen, habrían actuado exactamente como están actuando».
Por Río Negro, Aníbal Tortoriello y Lorena Villaverde (La Libertad Avanza) votaron a favor; Sergio Capozzi (Provincias Unidas) se abstuvo; y Adriana Serquis y Marcelo Mango (Unión por la Patria) votaron en contra.
Qué establece el Súper RIGI
El nuevo régimen amplía el esquema creado por la Ley Bases y lo orienta hacia sectores que aún no tienen desarrollo consolidado en el país. Entre los beneficios previstos figuran rebajas en el Impuesto a las Ganancias, amortización acelerada, deducción de quebrantos sin límite temporal, créditos fiscales para el IVA, exenciones en derechos de exportación e importación, alícuotas especiales en contribuciones patronales y eliminación de determinados tributos locales.
El proyecto fija un plazo de cinco años para presentar solicitudes de adhesión desde la entrada en vigencia de la reglamentación, prorrogable por un año adicional mediante decreto fundado del Ejecutivo. La definición de qué actividades califican como «nuevas industrias» quedará en manos del Poder Ejecutivo nacional.
Entre las modificaciones incorporadas durante el tratamiento en comisiones se destacan dos: la obligación de presentar un plan de desarrollo de proveedores locales —con al menos el 20% de bienes y servicios de origen nacional— y beneficios especiales para inversiones en investigación y desarrollo, que podrán computarse por el doble de su valor para alcanzar el mínimo requerido, con un tope del 20% del total.