La carne era enviada por encomienda a Esquel para su venta clandestina. El trabajador y una mujer fueron sentenciados a dos años de prisión en suspenso y tendrán que pagar una multa de más de $ 2.000.000.
Una investigación judicial y policial desarrollada en la cordillera chubutense permitió desarticular una maniobra de robo, faena y comercialización ilegal de ganado ovino que tenía como protagonista a un puestero rural que aprovechaba la confianza de su empleador para sustraer animales de una estancia ubicada entre El Pescado y Gualjaina.
El caso terminó con tres personas condenadas a través de un juicio abreviado acordado con la Fiscalía de Esquel, luego de que los acusados admitieran su participación en los hechos investigados.
La causa, impulsada por el procurador fiscal Ismael Cerda junto a la División de Asuntos Rurales de la Policía del Chubut, giró en torno al robo de corderos en la Estancia La Elvira, situada sobre la Ruta 14.
Según estableció la investigación, el principal acusado fue Juan José Penchulef, de 38 años, quien trabajaba como empleado del establecimiento y estaba encargado del cuidado de los animales.
De acuerdo con la acusación, el hombre aprovechaba su acceso libre a los cuadros de la estancia para seleccionar corderos de raza MPM, faenarlos dentro del campo y ocultarlos en cajas antes de trasladarlos a caballo hasta la ruta. Desde allí, la carne era enviada a Esquel mediante encomiendas a través de una empresa de transporte de la zona.
La Fiscalía determinó que Penchulef actuaba junto a Pamela Gisel Del Río, también de 38 años, quien recibía los animales faenados en Esquel y se encargaba de comercializarlos de manera clandestina para luego repartir las ganancias.
El primer episodio investigado ocurrió en noviembre de 2023 y permitió comprobar el robo de al menos 15 corderos. Un año más tarde, en noviembre de 2024, la maniobra volvió a repetirse bajo la misma modalidad. En esa oportunidad, Penchulef envió otros dos animales faenados a Ana Beatriz González, de 37 años y pareja del acusado.
Para llegar a los responsables, la Fiscalía y Asuntos Rurales desplegaron una investigación que incluyó intervenciones telefónicas, seguimientos, geolocalización y entregas vigiladas. Desde el Ministerio Público Fiscal destacaron además que actualmente cuentan con nuevas herramientas para investigar redes locales de abigeato, aunque aclararon que no fueron detalladas públicamente por cuestiones de seguridad.
Frente a la contundencia de las pruebas reunidas durante la investigación, las defensas aceptaron avanzar mediante un juicio abreviado bajo las figuras de abigeato simple y encubrimiento.
Como resultado del acuerdo, Juan José Penchulef y Pamela Gisel Del Río fueron condenados a dos años de prisión de ejecución condicional, por lo que no irán a prisión efectiva, aunque deberán cumplir pautas de conducta fijadas por la Justicia. Además, ambos recibieron una multa económica de $ 2.100.000.
En tanto, Ana Beatriz González obtuvo una salida alternativa por el delito de encubrimiento debido a su menor participación en los hechos. Como parte de la resolución, debió pedir disculpas formales y realizar 20 horas de tareas comunitarias.