La Justicia Federal inició este lunes las excavaciones en el Cementerio Oeste de Comodoro Rivadavia en el marco de la causa por la desaparición forzada de Iván Torres, ocurrida en octubre de 2003. El operativo busca restos o indicios vinculados al caso.
Este lunes 11 de mayo comenzaron las excavaciones en el Cementerio Oeste de Comodoro Rivadavia, en el marco de la causa por la desaparición forzada de Iván Torres, ocurrida en octubre de 2003. La medida fue ordenada por la Justicia Federal y forma parte de una serie de pericias para avanzar en la búsqueda de restos o indicios vinculados al caso.
El juez subrogante Claudio Marcelo Vázquez, a cargo de la investigación, explicó que se trata de un procedimiento técnico que se desarrolla sobre sectores previamente identificados dentro del cementerio. “Se inicia esta semana un proceso de exhumación en algunas de las tumbas que ya fueron señalizadas. Esto es en el marco de habeas corpus y se está trabajando en esa línea”, señaló.
El magistrado indicó que, por el momento, no puede precisarse la cantidad total de sepulturas que serán analizadas ni brindar detalles sobre su ubicación, debido al carácter reservado de la investigación. “Esto no deja de ser una pericia que se está realizando en el marco de esa causa”, explicó.
El operativo cuenta con la participación de entre 10 y 15 personas, además de personal del cementerio, efectivos de Gendarmería y equipos judiciales provenientes de distintas jurisdicciones. Según detalló Vázquez, intervienen secretarios federales del Juzgado de Río Gallegos, de Caleta Olivia y de Comodoro Rivadavia, dado que él se encuentra subrogando la jurisdicción de Caleta Olivia.
En paralelo a estas tareas, la Justicia mantiene activa una línea de búsqueda de información a través de una recompensa económica para quienes puedan aportar datos relevantes sobre el caso. El juez confirmó que el monto fue elevado recientemente a 15 millones de pesos y que se evalúa una posible actualización junto al Gobierno de Chubut. “Es una previsión a los efectos de que se pueda aportar información que sea de interés para la causa”, indicó.
Vázquez aclaró además que el trabajo se desarrolla con intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense, que cuenta con información genética en su banco de datos y participa en el análisis de los restos que puedan ser relevados durante las excavaciones. “El resultado final de todo esto, se llevarán análisis de laboratorio y el resultado podrá estar en dos, tres o cuatro meses”, señaló.
Finalmente, el magistrado remarcó que, pese al paso del tiempo, la causa sigue activa bajo la figura de desaparición forzada y que se continúa agotando todas las medidas posibles de búsqueda. “Ya casi 23 años implica también la presunción de fallecimiento y obviamente siempre se trata de buscar a las personas vivas, pero también hay que agotar todas las medidas y una de esas medidas es esta”, concluyó.
La reconstrucción judicial determinó que Iván Torres desapareció luego de haber sido interceptado por un móvil policial de la Seccional Primera en inmediaciones de un local bailable de Comodoro Rivadavia. Con el correr de la investigación surgieron elementos de prueba que permitieron sostener que fue trasladado a la dependencia policial, pese a que los registros oficiales fueron posteriormente alterados para negar su ingreso.
Uno de los testimonios más importantes fue el de Miguel Ángel Sánchez, quien aseguró haber compartido detención con Iván durante aquellos días. También fue clave la declaración de David Alberto Hayes, quien relató haber visto cómo varios policías golpeaban brutalmente a Torres hasta dejarlo inconsciente, para luego retirarlo “a la rastra” de la comisaría. Ese testimonio fortaleció la hipótesis judicial que sostiene que Iván fue torturado dentro de la dependencia policial y que esas agresiones pudieron derivar en su muerte y posterior ocultamiento del cuerpo.
El caso se agravó aún más en enero de 2005, cuando Hayes fue asesinado dentro de la Alcaidía, una semana después de que sus abogados solicitaran medidas cautelares para protegerlo tras denunciar amenazas.
La gravedad institucional de lo ocurrido motivó que en agosto de 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado argentino por la desaparición forzada de Iván Torres. En esa sentencia, el tribunal internacional concluyó que se violaron derechos fundamentales como la libertad personal, la integridad física, la vida y las garantías judiciales, y ordenó profundizar la búsqueda e investigar a todos los responsables. A partir de ese antecedente, Argentina incorporó formalmente al Código Penal la figura de desaparición forzada de persona.
La causa tuvo hasta el momento dos juicios orales. En 2016 fueron condenados Fabián Alcides Tillería y Marcelo Alberto Chemin, mientras que en 2021 también recibieron penas Pablo Miguel Ruiz y Mario Alberto Gómez. Sin embargo, todavía permanece pendiente un tercer juicio oral contra otros efectivos policiales.