El gobierno provincial cerró la emisión del bono por el monto máximo autorizado, con una tasa superior a la esperada. Los fondos permitirán cancelar el BOCADE y financiar obras de infraestructura.
Mediante los bancos JP Morgan y Santander, el gobierno de Chubut concretó la colocación de un nuevo bono por USD 650 millones, alcanzando el monto máximo autorizado. La operación permitirá cancelar el saldo remanente del BOCADE y destinar parte de los fondos a obras de infraestructura.
Fuentes del gobierno provincial confirmaron que la tasa de corte fue del 9,75% anual, por encima de las expectativas iniciales. En los cálculos previos se buscaba perforar el piso del 9%, pero las condiciones del mercado internacional terminaron empujando el costo del financiamiento hacia niveles cercanos a los dos dígitos.
El núcleo de la operación está en el frente financiero inmediato. La provincia arrastra unos USD 256 millones de deuda del BOCADE, que hoy generan vencimientos trimestrales del orden de los USD 30 millones entre capital e intereses, descontados directamente de regalías petroleras. La nueva emisión apunta a desactivar ese esquema.
Con el refinanciamiento, Chubut reemplaza pagos de capital en el corto plazo por un período de gracia de tres años. En la práctica, esto implica que hasta mediados de 2029 la provincia abonará únicamente intereses. Recién a partir de ese momento comenzará la amortización de capital, en un esquema que se extenderá hasta 2036, completando una vida total del bono de 10 años.
El dato central de la colocación es la tasa: 9,75% anual, frente al 7,75% que pagaba el BOCADE. La diferencia implica un encarecimiento del financiamiento, que es el precio de ganar tiempo. En términos simples, por cada USD 100 millones, la provincia pasa de pagar 7,75 millones anuales en intereses a 9,75 millones. Es decir, unos 2 millones adicionales por año. Llevado al total colocado, el mayor costo financiero ronda los 13 millones de dólares anuales respecto del esquema anterior. Durante los primeros tres años (cuando no hay amortización de capital) ese costo se vuelve más visible: el alivio de caja proviene de postergar vencimientos, no de pagar menos intereses.
Otro dato relevante es que la colocación supera ampliamente el monto necesario para cancelar el BOCADE. Con una deuda remanente cercana a los 256 millones de dólares, la emisión por USD 650 millones deja un margen significativo. Según el esquema oficial, ese excedente será destinado a obras de infraestructura, con menciones previas al Acueducto Lago Musters y al Hospital de Alta Complejidad de Trelew. Esto introduce un segundo componente en la operación: no solo es un reperfilamiento de deuda, sino también una vía de financiamiento para inversión pública. De todos modos, no pasa inadvertido el detalle, mencionado en el prospecto de emisión, del acueducto de Comodoro, un proyecto para el que el mismo gobierno ha informado que ya tiene financiamiento garantizado a través del CAF-BID, con un préstamo aprobado por USD 150 millones.
La colocación confirma la estrategia del gobierno provincial: aliviar la presión financiera en el corto plazo, aun a costa de asumir un endeudamiento más caro. El resultado es un cambio en la curva de pagos. Chubut deja atrás los vencimientos trimestrales que condicionaban su caja y concentra el repago de capital en el período 2029–2036, bajo el supuesto de un escenario económico más estable. En términos estrictos, la provincia no reduce su deuda: la reordena. Gana tres años de margen fiscal inmediato, pero asume un mayor costo financiero y traslada el peso del endeudamiento hacia la próxima década.
En paralelo, la tasa obtenida también funciona como señal de mercado: un rendimiento del 9,75% para una provincia con fuerte respaldo en regalías petroleras refleja que el acceso al crédito externo sigue condicionado por el riesgo país y la percepción sobre la sostenibilidad fiscal.
Al mismo tiempo, el esquema de pagos configura un dato político insoslayable. Si bien el gobernador Ignacio Torres buscará la reelección en 2027, el grueso de las amortizaciones de capital se concentrará a partir de 2029, es decir, en la segunda mitad de un eventual segundo mandato. En ese equilibrio entre urgencia financiera y costo futuro se juega el resultado final de la operación.