El organismo de control provincial aplicó multas y requerimientos a varias intendencias y comunas rurales por no presentar la documentación contable obligatoria dentro de los plazos establecidos.
El organismo de control de la provincia de Chubut emitió una serie de resoluciones que exponen fallas en la gestión administrativa de varios municipios y comunas rurales. Los intendentes de José de San Martín y Cholila figuran entre los principales sancionados con multas que superan los 193.000 pesos por no responder a las observaciones fiscales.
Las resoluciones detallan que los responsables no presentaron la documentación obligatoria ni brindaron las explicaciones requeridas sobre el manejo de las partidas públicas durante el ejercicio anterior. La situación en las comunas rurales es igualmente compleja según los informes de auditoría del tribunal. En Lagunita Salada, el castigo económico alcanzó a toda la cúpula directiva, incluyendo al presidente comunal, la vicepresidenta y la tesorera.
El ente aplicó sanciones similares por la demora sistemática en la entrega de balances y por ignorar requerimientos de la fiscalía que databan del año pasado. El Tribunal también dirigió intimaciones urgentes a las autoridades de Epuyén y Cushamen para que regularicen sus estados contables en un plazo máximo de quince días. En caso de persistir el incumplimiento, el organismo advirtió que procederá a la formulación de cargos patrimoniales directos contra los funcionarios involucrados.
Los auditores señalaron que existen rendiciones de cuentas pendientes desde finales del 2025 que aún no han sido puestas a disposición de los relatores. La presión del organismo también alcanzó a entidades mixtas como la Compañía de Riego del Valle Inferior del Río Chubut. Los responsables de la firma fueron conminados a presentar la documentación adeudada bajo apercibimiento de multas.
Estas medidas forman parte de una avanzada institucional que busca garantizar que cada peso invertido en las localidades del interior esté debidamente respaldado por comprobantes legales y balances auditados.