La situación de una detenida en la comisaría de Rada Tilly evidenció la falta de espacios adecuados para mujeres y la sobrepoblación en la Alcaidía, según explicó una funcionaria de la Oficina de Asistencia a Personas Privadas de la Libertad.
La detención de una mujer en la comisaría de Rada Tilly volvió a poner el foco en las condiciones del sistema de alojamiento de personas privadas de la libertad en Comodoro Rivadavia. La abogada adjunta de la Oficina de Asistencia a Personas Privadas de la Libertad (OAPPL), Lucía Mantecón, afirmó que esta situación responde más a una limitación estructural que a una decisión particular del caso.
Según detalló, actualmente no existe un espacio adecuado para mujeres dentro de la Alcaidía policial, que es el lugar donde deberían alojarse las personas con prisión preventiva. «Lo ideal sería que sea en la alcaidía policial, pero no hay cupo para mujeres», señaló. En ese contexto, la comisaría de Rada Tilly se convirtió en la única dependencia habilitada para alojar detenidas en la zona.
Mantecón aclaró que, si bien el lugar cumple con los requisitos básicos —como ventilación, acceso a luz, calefacción y condiciones mínimas de habitabilidad—, se trata de un espacio pensado para estadías transitorias. «Lo ideal es que las comisarías no tengan prisiones preventivas de mucho tiempo», remarcó. En ese sentido, explicó que la detenida compartiría el lugar con otra interna, ya que el cupo máximo es de dos personas.
La abogada también describió las diferencias entre una comisaría y la alcaidía, que evidencian las limitaciones del sistema actual. Mientras que en la alcaidía existen patios, espacios comunes y acceso a actividades educativas y recreativas, en las comisarías estas posibilidades son prácticamente inexistentes. «En las comisarías no se cuenta con actividad física, talleres ni escuela, entonces está mucho más limitado», explicó. En el caso específico de Rada Tilly, además, no hay un patio para recreación ni salas adecuadas para visitas. «Se hace una readecuación con el espacio disponible, que es reducido», indicó.
Tampoco existen condiciones para que las mujeres detenidas convivan con sus hijos, lo que en muchos casos deriva en pedidos de prisión domiciliaria para madres con niños pequeños.
La situación se enmarca en un sistema con sobrepoblación. Según los relevamientos de la OAPPL, la alcaidía tiene capacidad para 157 personas, pero actualmente alberga a 214. Esto obliga a que al menos otros 57 detenidos cumplan penas o prisiones preventivas en comisarías, distribuidos en distintas dependencias de la ciudad.
En paralelo, Mantecón se refirió a la situación de otro detenido, alojado en la comisaría de Mosconi. Allí, explicó, probablemente esté en una celda transitoria, separada del resto de los internos. Este tipo de espacios no está diseñado para detenciones prolongadas: «No cuenta con acceso permanente a un baño, tienen que pedir autorización al celador», detalló. Si bien se garantiza el uso, la especialista advirtió que no es una condición adecuada para una permanencia extendida, por lo que se espera una reubicación a un lugar más acorde.
La funcionaria también reconoció que, aunque no es lo ideal, muchas personas cumplen penas en comisarías. Esto responde tanto a la falta de cupos en centros penitenciarios como a la cercanía con sus familias, que en algunos casos los propios internos priorizan.
Finalmente, Mantecón opinó sobre la reciente discusión en torno a la restricción del uso de celulares en lugares de detención. Si bien la implementación aún está en análisis, advirtió sobre las consecuencias que podría tener una limitación estricta. «El teléfono permite el acercamiento familiar y también poner en conocimiento situaciones de violencia institucional o problemas de salud», sostuvo. En ese sentido, remarcó que muchas intervenciones de la defensa se originan a partir de llamados de los propios internos. Para la abogada, restringir ese acceso podría implicar una vulneración de derechos básicos. «Si se limita el uso del teléfono celular como se pretende, no se van a poder garantizar estos derechos», concluyó, dejando planteado un debate que excede el caso puntual y apunta al funcionamiento integral del sistema.