La Justicia investiga a un comisario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires por su presunta participación en el aviso a una prófuga, lo que le permitió eludir un allanamiento. El oficial, identificado como Leonardo Ezequiel Ponte Wisto (37), está acusado de los delitos de encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Una estafa con desenlace fatal
El caso se origina en un hecho ocurrido a mediados de enero en Ingeniero Budge. Según la investigación a cargo de la Fiscalía N° 19 de Lomas de Zamora, tres mujeres habrían estafado a Merlín Díaz Silva (30), dueña de un centro de estética. Las imputadas, mediante engaños, le sustrajeron alrededor de 14 millones de pesos, sus ahorros de toda la vida. Al descubrir la estafa, la joven, en un estado de profunda crisis, decidió quitarse la vida.
La fuga y la filtración
Tras el suicidio, dos de las estafadoras fueron detenidas, pero la tercera, Marta Mitrovich (52), permaneció prófuga. La Justicia logró ubicarla en una vivienda de Castelar, propiedad de su hijastro, el exfutbolista Favio César Márquez. Sin embargo, cuando las fuerzas policiales ejecutaron la orden de allanamiento, la mujer ya no se encontraba en el lugar.
La investigación determinó que alguien habría filtrado la información del operativo. Las sospechas recayeron sobre el comisario Ponte Wisto, quien, según las pesquisas, se reunió con Márquez en una estación de servicio de zona oeste un día antes del allanamiento. Si bien el oficial no formaba parte de la investigación y no tenía acceso legítimo a esos datos, habría utilizado su condición para intervenir.
Bienes y dinero incompatibles
Al allanar el domicilio del comisario en Ituzaingó, las autoridades incautaron 50 mil dólares, 20 millones de pesos, camionetas de alta gama y otros elementos de valor. Estos bienes resultan incompatibles con los ingresos declarados por el funcionario, lo que profundiza las sospechas sobre su conducta.
Ponte Wisto, quien también ejerce como abogado especializado en accidentes de tránsito y causas laborales, se negó a declarar en su indagatoria. Fue excarcelado por carecer de antecedentes penales, pero continúa imputado. La fiscalía aún no pudo acreditar el pago de dinero por la filtración, pero sostiene que el oficial proporcionó datos clave para la causa.
El reclamo de justicia
Alexander Díaz Silva (34), hermano de la víctima fatal, tuvo que cerrar el negocio familiar y vender pertenencias para afrontar los gastos. En diálogo con este medio, expresó su determinación de seguir buscando justicia por la muerte de su hermana. «Esto es mucho más grande de lo que nosotros pensábamos. Pero vamos a seguir pidiendo justicia por mi hermana», afirmó.
El fiscal Ignacio Torrigino continúa la investigación para determinar si existieron más involucrados dentro de la fuerza policial que hayan proporcionado la información confidencial al comisario imputado.