La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el Poder Ejecutivo, tras una extensa sesión marcada por negociaciones políticas, tensiones con aliados y fuertes cuestionamientos de la oposición.
La iniciativa obtuvo 132 votos afirmativos, 97 negativos y 19 abstenciones, y ahora se encamina a la votación en particular donde algunos artículos centrales podrían ser rechazados o modificados.
Se trata del primer Presupuesto elaborado por el gobierno de Javier Milei, luego de dos años consecutivos en los que se administraron las cuentas públicas mediante la prórroga del presupuesto 2023. El oficialismo apuesta a convertir el proyecto en ley antes de fin de año con el objetivo de consolidar su programa económico y enviar una señal de previsibilidad fiscal.
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La Libertad Avanza logró el respaldo de un amplio abanico de bloques aliados, entre ellos el PRO, sectores de la UCR, el MID, fuerzas provinciales y legisladores que responden a gobernadores dialoguistas. En contraste, el peronismo, Encuentro Federal y la izquierda votaron en contra, mientras que Provincias Unidas se abstuvo, aunque resultó clave para alcanzar el quórum al inicio de la sesión.
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El proyecto oficial prevé un crecimiento del Producto Bruto Interno del 5%, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio que rondaría los $1.423 hacia diciembre de 2026. Además, proyecta un superávit primario del 1,5% del PBI y un resultado financiero positivo del 0,2%. Desde la oposición cuestionaron estas estimaciones por considerarlas optimistas y alejadas de la dinámica económica actual, especialmente en lo referido al dólar y a la inflación.
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Uno de los puntos más controvertidos del texto es el artículo 75, que plantea la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y del financiamiento universitario. Este apartado generó reparos incluso entre diputados que acompañaron al Gobierno en la votación general y podría no reunir los votos necesarios en la instancia particular.
La polémica se profundizó cuando el oficialismo impulsó que la votación en particular se realice por títulos completos, lo que agrupa varios artículos en un solo bloque. La oposición interpretó esa maniobra como un intento de diluir el rechazo al artículo 75 junto con otros temas presupuestarios, como subsidios energéticos, deudas del sistema eléctrico y actualizaciones de prestaciones.
Pese a las objeciones, el oficialismo logró imponer ese mecanismo de votación con apoyo de sus aliados, aunque el clima interno dejó expuestas tensiones dentro del propio bloque de respaldo parlamentario. Algunos sectores aliados manifestaron malestar por los cambios de último momento y por la inclusión de artículos sensibles en capítulos que no guardan relación directa entre sí.
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En paralelo al debate parlamentario, el Gobierno mantuvo negociaciones con gobernadores para asegurar apoyos legislativos. En las semanas previas a la sesión se distribuyeron Aportes del Tesoro Nacional a distintas provincias y se incorporaron compromisos específicos en el texto presupuestario, como el reconocimiento de fondos adeudados a la Ciudad de Buenos Aires por coparticipación, en cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema.
También formó parte de las conversaciones la posibilidad de impulsar reformas estructurales, como modificaciones a la Ley de Glaciares, una demanda de algunas provincias del sur interesadas en ampliar la actividad minera. Estas negociaciones se reflejaron en un respaldo político condicionado, especialmente en los artículos más sensibles del proyecto.
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Antes de la votación, el oficialismo anunció ajustes al dictamen original, entre ellos la inclusión formal de los fondos para la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo presupuestario para el Poder Judicial. Sin embargo, estas modificaciones no lograron disipar las críticas por la estrategia legislativa utilizada ni por el contenido social del Presupuesto.
La votación en particular definirá el alcance final del Presupuesto 2026 y pondrá a prueba la capacidad del Gobierno para sostener su coalición parlamentaria. Una vez superada esta instancia, el proyecto pasará al Senado, donde el oficialismo buscará acelerar su tratamiento para sancionarlo antes del cierre del período legislativo.