La jueza de garantías Eve Ponce abrió la investigación preparatoria contra diez personas acusadas de operar apuestas ilegales sin autorización del Instituto de Asistencia Social. La causa se tramita en la Oficina Judicial de Rawson.
La jueza de garantías Eve Ponce dispuso la apertura de la investigación preparatoria contra diez personas por presuntamente realizar apuestas ilegales mediante medios electrónicos, sin autorización del Instituto de Asistencia Social (IAS). La decisión se adoptó tras cuatro audiencias realizadas en la Oficina Judicial de Rawson.
La denuncia fue radicada por el IAS ante la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital (UFECyED) del Ministerio Público Fiscal del Chubut. Los imputados están acusados de explotar plataformas clandestinas de juegos de azar sin la autorización de la autoridad competente. Según la investigación, habrían cumplido el rol de cajeras y cajeros dentro de la red: recibían y distribuían el dinero de las apuestas a través de billeteras virtuales.
La conducta investigada está prevista en el artículo 301 bis del Código Penal, que sanciona a quien explote, administre, opere u organice, por sí o a través de terceros, cualquier modalidad de captación de juegos de azar sin autorización de la autoridad competente. La norma alcanza tanto a locales físicos no habilitados como a plataformas de apuestas virtuales.
Los diez imputados escucharon los cargos a través de Zoom durante cuatro audiencias realizadas en la mañana de este viernes en la Oficina Judicial de Rawson. En tres de los casos fueron asistidos por defensores particulares; en el restante, una de las imputadas se presentó en la Oficina Judicial acompañada por una defensora particular. Se trata de una mujer desocupada y emprendedora, oriunda de Comodoro Rivadavia.
El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal general Eugenia Domínguez, a cargo de las investigaciones, junto con la funcionaria de Fiscalía Ruth Saigg. La víctima es el Estado provincial, representado por el Instituto de Asistencia Social y, en este proceso, por la Fiscalía de Estado.
A los otros nueve imputados los asistieron los defensores oficiales Pablo Sánchez, Miguel Lugo y Damián D’Antonio.
Los diez imputados son oriundos de Comodoro Rivadavia y Esquel, en partes iguales.
La investigación apunta a determinar si fueron autores o partícipes necesarios en la integración y operación de una red de apuestas ilegales a través de redes sociales y plataformas virtuales creadas para ese fin, en las que habrían actuado como cajeras y cajeros dentro de la estructura. La red se habría complementado con billeteras virtuales y cuentas electrónicas utilizadas para el ingreso, egreso y flujo del dinero.
El plazo de investigación preparatoria fue fijado en seis meses.