La posibilidad fue discutida en la mesa política del Ejecutivo mientras avanza la iniciativa que busca modificar la Ley 26.659. El proyecto será enviado al Congreso y podría incorporar otras actividades vinculadas con las islas, además de la exploración y explotación de hidrocarburos.
El Gobierno nacional analiza ampliar el alcance de las sanciones previstas en el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y estudia incorporar a otras actividades relacionadas con las Islas Malvinas, entre ellas la pesca.
La posibilidad fue abordada durante la última reunión de la mesa política del Ejecutivo y forma parte de las definiciones que se terminan de ajustar antes de que la iniciativa sea enviada al Congreso. El asesor presidencial Santiago Caputo trabaja en los detalles del texto, que contempla modificaciones a la Ley 26.659, conocida como “Ley Pino Solanas”.
La normativa vigente establece sanciones para empresas y personas que participen de actividades vinculadas con la exploración o explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin contar con autorización del país. La nueva propuesta busca endurecer ese esquema y, de acuerdo con lo que evalúa el Ejecutivo, podría extender sus alcances a otros sectores que desarrollen actividades económicas vinculadas con las islas. La pesca aparece entre las alternativas bajo análisis, aunque la definición final dependerá del contenido que adopte el proyecto antes de su presentación parlamentaria.
El debate tomó mayor relevancia después del anuncio realizado por Javier Milei en cadena nacional, cuando el Presidente presentó las medidas que su administración pretende impulsar en relación con la defensa de los recursos naturales y la soberanía argentina sobre el Atlántico Sur. Desde el peronismo reclamaron específicamente que el sector pesquero sea contemplado dentro del nuevo régimen de sanciones. El jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, planteó esa incorporación durante la sesión de este jueves, en medio de la discusión política que generaron los anuncios del Ejecutivo.
La iniciativa sería enviada al Congreso el próximo lunes y todavía resta definir de qué manera el Gobierno realizará su presentación formal. Una de las alternativas es que el proyecto sea ingresado de manera tradicional, mientras que otra posibilidad consiste en que un funcionario del Ejecutivo concurra al Parlamento para explicar los principales puntos del articulado. Entre los nombres mencionados aparecen el ministro de Defensa, Carlos Presti, y el canciller Pablo Quirno, ambos involucrados en la elaboración de la propuesta.
El oficialismo apunta a que el proyecto pueda comenzar a ser tratado en la Cámara de Diputados entre fines de septiembre y los primeros días de octubre. En el Gobierno confían en que la iniciativa tendrá un recorrido parlamentario relativamente rápido, aunque la ampliación de las actividades alcanzadas por las sanciones podría convertirse en uno de los puntos de discusión durante el tratamiento legislativo. La definición resulta especialmente relevante para establecer hasta dónde llegará el nuevo régimen y qué tipo de operaciones podrían quedar comprendidas.
El anuncio se produce además mientras el Ejecutivo avanza con acciones contra empresas y personas que, según sostiene el Gobierno, participan de actividades vinculadas con la explotación de recursos hidrocarburíferos en la zona de las Malvinas sin autorización argentina. Uno de los principales focos es el proyecto Sea Lion, relacionado con la exploración petrolera en el área. En paralelo, Milei ratificó que su administración busca impedir que quienes colaboren con esas actividades puedan continuar desarrollando negocios en el país.
“Con esta ley, quienes provean servicios a empresas vinculadas a la explotación ilegal de recursos argentinos no podrán contratar ni con el Estado ni con privados en nuestro país”, afirmó el Presidente durante la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”. La propuesta contempla así no solamente sanciones dirigidas a quienes desarrollen directamente las actividades cuestionadas, sino también consecuencias para empresas que les brinden servicios o intervengan de manera indirecta.
A las medidas legislativas se suma el anuncio de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, cuyo financiamiento será incorporado al Presupuesto 2027. Milei aseguró que la reasignación de recursos necesaria para avanzar con esa infraestructura “no pone en juego el superávit” y también anticipó inversiones destinadas a fortalecer las capacidades de telecomunicaciones. El Gobierno presenta estas acciones como parte de una estrategia más amplia vinculada con la defensa de la soberanía y la protección de los recursos argentinos en el Atlántico Sur.
En ese contexto, el Presidente también informó que ya fueron iniciados procedimientos sancionatorios contra empresas y personas relacionadas con actividades en la cuenca de Malvinas. “Desde el anuncio en cadena nacional, ya abrimos procesos sancionatorios contra 60 empresas y personas que operan directa o indirectamente la cuenca Malvinas sin nuestra autorización”, afirmó. La eventual incorporación de la pesca y de otras actividades al proyecto marcaría, de concretarse, una ampliación del alcance de la estrategia oficial más allá del conflicto generado por las operaciones hidrocarburíferas.