El diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, denunció que Harbour Energy, petrolera británica con antecedentes en Malvinas, forma parte de un proyecto que obtuvo beneficios del RIGI.
El diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, denunció que Harbour Energy, una petrolera británica vinculada a operaciones hidrocarburíferas en las Islas Malvinas, forma parte de un proyecto que obtuvo beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Según planteó el legislador, Harbour Energy posee el 15% de Southern Energy, una iniciativa aprobada por el Gobierno nacional mediante la Resolución 559/2025 para desarrollar actividades vinculadas con la producción y exportación de gas desde la provincia de Río Negro.
Ferraro puso el foco en los antecedentes de la compañía y sostuvo que Harbour Energy es la misma persona jurídica que anteriormente operaba bajo el nombre de Premier Oil PLC, denominación que fue modificada en 2021.
Antecedente vinculado con Malvinas
De acuerdo con la denuncia del diputado, Premier Oil había sido inhabilitada en 2013 mediante una resolución basada en la Ley 26.659, a raíz de actividades de exploración hidrocarburífera en la plataforma continental argentina sin autorización. Las tareas señaladas se habrían desarrollado en cercanías de las Islas Malvinas, territorio cuya soberanía Argentina reclama al Reino Unido.
A partir de estos antecedentes, Ferraro cuestionó la participación actual de Harbour Energy en Southern Energy y planteó interrogantes sobre la aplicación del RIGI a un proyecto en el que participa una empresa con ese historial.
Southern Energy es una iniciativa vinculada con el desarrollo de infraestructura para la producción y exportación de gas desde Río Negro. La participación de Harbour Energy, según la denuncia, alcanza el 15% del proyecto.
El planteo del diputado se conoció después de que el Gobierno nacional anunciara una nueva ofensiva contra empresas y personas vinculadas con actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. En ese contexto, la administración de Javier Milei busca aplicar las disposiciones previstas en la legislación argentina para sancionar actividades hidrocarburíferas desarrolladas en la plataforma continental sin autorización nacional.
La Ley 26.659 establece restricciones para empresas y personas que desarrollen o participen de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin contar con autorización. Ferraro tomó ese marco normativo como referencia para cuestionar la participación de Harbour Energy en un proyecto alcanzado por el RIGI.
El planteo abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la relación entre las inversiones energéticas promovidas por el Gobierno, el régimen de beneficios para grandes inversiones y las sanciones previstas para empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas.