La ex presidenta recurrió a la Justicia un día después de que la Corte Suprema ratificara la actualización del monto que deberán afrontar los condenados en la causa Vialidad.
La disputa judicial por la ejecución de la condena en la causa Vialidad sumó un nuevo capítulo. Un día después de que la Corte Suprema dejara firme la actualización del decomiso a $684.990 millones, Cristina Fernández de Kirchner presentó un recurso de queja con el objetivo de frenar la ejecución de la sentencia y evitar el eventual remate de los bienes alcanzados por el fallo. La misma estrategia fue adoptada por el empresario Lázaro Báez.
El máximo tribunal rechazó previamente los planteos de nulidad y confirmó el monto actualizado que deberán afrontar los condenados, cifra que surge de la actualización de los aproximadamente $85.000 millones fijados originalmente por el Tribunal Oral Federal N.º 2. Con esa decisión, la causa ingresó en la etapa de ejecución patrimonial.
En este tramo del proceso, la Justicia deberá determinar cuáles serán los bienes alcanzados por el decomiso. Entre ellos figuran propiedades de Cristina Kirchner en la Ciudad de Buenos Aires y Santa Cruz, hoteles vinculados a empresas de la familia y otros activos incorporados a los expedientes judiciales. Paralelamente, la defensa de la ex mandataria, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, busca excluir del proceso los bienes de Máximo y Florencia Kirchner, al sostener que no existe evidencia de que esos activos provengan de los hechos investigados.
La causa Vialidad es uno de los expedientes por corrupción más relevantes de la historia reciente del país. En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N.º 2 condenó a Cristina Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública por irregularidades en la adjudicación de 51 contratos de obra pública en Santa Cruz. Esa sentencia fue confirmada por las instancias superiores hasta quedar firme con la decisión de la Corte Suprema.
Uno de los ejes centrales del expediente es el decomiso, una herramienta prevista por la legislación penal para recuperar bienes obtenidos o vinculados con delitos contra el Estado. El cálculo original se realizó sobre el perjuicio económico ocasionado por las maniobras investigadas y luego fue actualizado por la Justicia hasta alcanzar los casi $685.000 millones.
La causa todavía mantiene otros frentes abiertos. La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó intervenir en la administración de los bienes decomisados, al considerar que los activos vinculados a causas de lavado de dinero deben quedar bajo la órbita de organismos especializados. Al mismo tiempo, especialistas en derecho penal sostienen que los recursos de queja presentados por las defensas no tienen efecto suspensivo automático, por lo que el proceso para identificar, tasar y eventualmente ejecutar los bienes podría avanzar de manera paralela.
En paralelo a la discusión judicial, el caso mantiene una fuerte repercusión política. Cristina Kirchner insiste en denunciar una persecución en su contra y cuestiona las decisiones adoptadas por los tribunales, mientras que desde el oficialismo sostienen que la confirmación de las condenas representa un paso importante en la lucha contra la corrupción.