Un conflicto derivado de un contrato de alquiler comercial derivó en un allanamiento judicial, el secuestro de un arma de fuego y una prohibición de acercamiento contra un hombre en Puerto Madryn.
Un conflicto derivado de un contrato de alquiler comercial terminó con un allanamiento judicial, el secuestro de un arma de fuego y una medida de restricción contra un hombre denunciado por amenazas en Puerto Madryn.
Según la información disponible, el episodio se originó cuando un comerciante que explotaba un fondo de comercio en un local ubicado sobre la calle Albarracín al 200 decidió trasladar su actividad a otro inmueble en las inmediaciones. La decisión respondió, de acuerdo con lo trascendido, a la búsqueda de una mejor ubicación para su negocio y a un costo de alquiler más conveniente.
Según la denuncia, el propietario del inmueble no aceptó la determinación de su inquilino y comenzó a proferir reiteradas amenazas de muerte con el objetivo de impedir el cambio de local. Ante esta situación, el comerciante radicó la denuncia en la Comisaría Seccional Primera.
A partir de la presentación, efectivos policiales iniciaron tareas investigativas y reunieron información que indicaba que el denunciado, un hombre mayor de edad, tendría armas de fuego en su poder. Los antecedentes del caso fueron puestos en conocimiento de la fiscal de turno, Romina Carrizo, quien solicitó al juez penal interviniente las medidas judiciales correspondientes.
Como resultado de la orden emitida por la Justicia, durante la tarde del miércoles se realizó un allanamiento en el domicilio del acusado, ubicado también sobre la calle Albarracín al 200.
Durante el procedimiento, el personal policial secuestró una carabina de hombro calibre .22 y un total de 141 municiones de distintos calibres, entre ellas .22 largo y 11,25.
Asimismo, el hombre fue notificado de una medida de prohibición de acercamiento respecto del denunciante, la cual también alcanza al nuevo local comercial donde el joven desarrolla actualmente su actividad.
La investigación continúa bajo la intervención del Ministerio Público Fiscal, mientras se avanza con las actuaciones para determinar las responsabilidades correspondientes en el marco de la causa por presuntas amenazas.