La Fiscalía pidió penas de entre tres y cinco años de prisión para cuatro exoficiales de la Armada Argentina, en el inicio de los alegatos del juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en 2017.
El hundimiento del submarino ARA San Juan provocó la muerte de sus 44 tripulantes el 15 de noviembre de 2017. El juicio que comenzó el 3 de marzo pasado en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, ingresó a una etapa clave esta semana. Este lunes se solicitaron las penas de prisión para los cuatro exoficiales de la Armada Argentina que se encuentran siendo juzgados.
El submarino había zarpado el 25 de octubre de 2017 desde Mar del Plata para una misión de patrullaje. Días después, el 15 de noviembre, se perdió todo contacto con la nave en el Atlántico Sur.
La investigación sostiene que una serie de fallas técnicas, problemas de mantenimiento y decisiones operativas previas habrían generado las condiciones que derivaron en el hundimiento por implosión, tras una falla crítica vinculada a las baterías y el ingreso de agua al sistema eléctrico.
Según la acusación fiscal, el buque navegaba en condiciones deficientes y con un mantenimiento atrasado, ya que había superado ampliamente los plazos previstos para su ingreso a dique seco, lo que implicaba limitaciones operativas y mayores riesgos de navegación.
En el proceso judicial están imputados cuatro exoficiales de la Armada: Luis Enrique López Mazzeo, Claudio Villamide, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa. Todos ellos ocupaban cargos de conducción, planificación y control dentro de la estructura naval al momento de la última misión del submarino.
Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que existieron responsabilidades funcionales en distintos niveles de la cadena de mando, desde la supervisión del mantenimiento hasta la planificación operativa. Los fiscales señalaron que las decisiones adoptadas y las omisiones en el control del estado del submarino habrían sido determinantes en el desenlace.
En su exposición, la Fiscalía pidió cinco años de prisión para López Mazzeo y Villamide, cuatro años para Alonso y tres años para Correa. El argumento central fue que cada uno, desde su rol jerárquico, tenía deberes de control que no fueron cumplidos adecuadamente, lo que incrementó el riesgo de la operación.
Con el inicio de los alegatos, el juicio por el ARA San Juan ingresó en su tramo final. En las próximas jornadas será el turno de las querellas y posteriormente de las defensas, antes de la etapa de definiciones del tribunal.