La Fiscalía Ambiental de Rawson analiza más de 20 denuncias tras la degustación pública realizada en una carnicería de Trelew. SENASA declaró que no autorizó la faena ni la comercialización interna.
La investigación por la venta y degustación de carne de burro en Chubut continúa en etapa de averiguación preliminar a cargo de la Fiscalía Ambiental de Rawson. La fiscal especializada en delitos ambientales y maltrato animal, Florencia Gómez, confirmó que el caso suma más de 20 denuncias de organizaciones proteccionistas de distintas provincias y del Mercosur.
El caso tomó notoriedad semanas atrás tras la difusión de imágenes de una degustación abierta al público realizada en una carnicería de Trelew, donde se ofrecieron empanadas y otros productos elaborados con carne de burro.
Según declaró Gómez en diálogo con Canal 12, la investigación busca determinar si hubo incumplimientos sanitarios, irregularidades en las habilitaciones y posibles consecuencias sobre la especie. Las denuncias fueron incorporadas al expediente y forman parte del material analizado por la Fiscalía.
Uno de los aspectos centrales de la causa es la participación del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Representantes del organismo comparecieron ante la Fiscalía de Rawson y aseguraron que nunca se otorgó autorización para la faena de burros destinada al consumo interno ni para la comercialización de esa carne dentro del país.
“SENASA jamás autorizó el consumo ni la faena para comercialización interna”, sostuvo Gómez. La fiscal aclaró que la normativa nacional vinculada a la carne equina está orientada principalmente a exportaciones y no contempla expresamente el expendio de carne de burro para consumo habitual en Argentina.
Durante la investigación surgió la existencia de una experiencia piloto limitada vinculada a la utilización de carne equina, pero desde la Fiscalía aclararon que eso no equivalía a una autorización oficial para comercialización o consumo humano masivo. “Lo que no está expresamente permitido, está prohibido”, afirmó Gómez.
La Fiscalía Ambiental continúa reuniendo documentación y tomando testimonios. No se descarta que en los próximos días se ordenen nuevas medidas para determinar responsabilidades.
El caso también puso en evidencia el vacío legal existente en torno al consumo de carne de burro en Argentina. La Ley 24.525 y el Decreto Reglamentario 974/98 regulan aspectos vinculados a la producción e industrialización de carne equina, pero el esquema normativo está diseñado principalmente para exportación y no establece protocolos claros para comercialización interna de carne de burro. El Código Alimentario Argentino no incluye esta carne entre las especies autorizadas para consumo habitual, por lo que no existen parámetros específicos sobre trazabilidad, controles sanitarios, faena o expendio en comercios habilitados.