El organismo recaudador modificó su estrategia judicial y ya no insistirá en apelaciones en causas previsionales. La medida podría acelerar fallos favorables, aunque no implica que todos los jubilados dejen de pagar el impuesto.
El Gobierno nacional introdujo un giro relevante en su política fiscal y judicial: la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) decidió no continuar apelando sentencias en juicios previsionales vinculados al cobro del Impuesto a las Ganancias sobre haberes jubilatorios. La medida, formalizada en una instrucción interna fechada el 15 de mayo, apunta a reducir costos fiscales y administrativos derivados de litigios prolongados.
Hasta ahora, el organismo mantenía una postura sistemática de apelar cada fallo adverso, llevando los casos incluso hasta instancias superiores. Con este cambio, se abre la posibilidad de acortar significativamente los tiempos judiciales para quienes reclaman la inconstitucionalidad del tributo aplicado a sus jubilaciones.
En términos concretos, la nueva estrategia permitirá que ARCA desista de continuar litigando tanto en fallos de primera instancia como en decisiones de cámara, siempre que exista jurisprudencia consolidada en contra de su postura. En ámbitos judiciales, se interpreta que incluso podría evitar apelar desde etapas tempranas si los antecedentes en esa jurisdicción son reiteradamente desfavorables.
Actualmente, alrededor de 130.000 jubilados en Argentina continúan alcanzados por el Impuesto a las Ganancias. Se trata de aquellos cuyos ingresos superan el equivalente a ocho jubilaciones mínimas, lo que hoy ronda los 3,1 millones de pesos mensuales. Sin embargo, el cambio no implica una eliminación automática del impuesto para ese universo.
El trasfondo de esta decisión se remonta al fallo emblemático “García, María Isabel c/ AFIP”, dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en marzo de 2019. En ese precedente, el máximo tribunal declaró inconstitucional la aplicación del impuesto en un caso particular, al considerar que afectaba a una jubilada en situación de vulnerabilidad, tanto por su edad como por su estado de salud.
En aquella resolución, los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco sostuvieron que el principio de igualdad no puede aplicarse de manera abstracta sin contemplar situaciones concretas de vulnerabilidad. Subrayaron además que el envejecimiento y la discapacidad generan mayores gastos y reducen la capacidad contributiva real.
Ese fallo marcó un antes y un después en la litigiosidad previsional. Desde entonces, numerosos jubilados iniciaron acciones judiciales para dejar de tributar Ganancias, apoyándose en ese criterio. Sin embargo, el Estado continuaba apelando, lo que extendía los procesos durante años.
Con la nueva postura de ARCA, se reconoce implícitamente que existe una tendencia judicial consolidada. En ese marco, el organismo opta por evitar el desgaste de recursos en causas con alta probabilidad de resultado adverso.
Especialistas en materia tributaria advierten, no obstante, que la medida tiene un alcance limitado. No modifica la legislación vigente ni crea una exención generalizada. Cada caso seguirá dependiendo de condiciones particulares como la edad del jubilado, su estado de salud, el nivel de ingresos, los gastos acreditados y la prueba presentada ante la Justicia.
En consecuencia, quienes ya cuentan con una sentencia favorable podrían ver acelerada la resolución definitiva y el cese de los descuentos. En cambio, aquellos que aún no iniciaron acciones judiciales deberán evaluar su situación individual antes de avanzar, ya que el cambio de estrategia del organismo no garantiza automáticamente el mismo resultado.
El escenario abre una nueva etapa en la relación entre el fisco y los jubilados, con menos confrontación judicial pero sin modificaciones estructurales en el sistema impositivo. Mientras tanto, el debate sobre la equidad del Impuesto a las Ganancias en los haberes previsionales sigue pendiente de una definición legislativa de fondo.