Marlon Brando Ramos debía presentarse ante la Justicia por varias causas. Tras no asistir a las audiencias, ofreció una explicación que no fue aceptada por la Fiscalía. La jueza fijó nuevas audiencias y dispuso medidas de control.
La jueza Patricia Asaro fijó para el próximo 26 de junio las tres audiencias de apertura de investigación contra Marlon Brando Ramos, un imputado que tenía pendientes audiencias en distintas causas y que no se había presentado pese a haber sido debidamente notificado. La medida se resolvió luego de que el joven compareciera ante la jueza y brindara una particular explicación sobre sus ausencias.
Durante la audiencia, celebrada el sábado en Tribunales, Ramos explicó que durante el último tiempo estuvo fuera de Puerto Madryn, viajando y trabajando en distintas provincias y países limítrofes. Señaló que residió temporalmente en lugares como Mendoza, Bolivia y Brasil, donde realizó trabajos. También manifestó que actualmente volvió a vivir con su madre en Puerto Madryn, luego de que ella lo aceptara de regreso tras volver renovado. Y que se encuentra trabajando.
Sin embargo, desde la Fiscalía se indicó que las explicaciones aportadas no resultaban suficientes para justificar las reiteradas incomparecencias. El fiscal interviniente recordó que el imputado había sido notificado oportunamente de las audiencias y que conocía las consecuencias procesales previstas por el incumplimiento de las citaciones judiciales.
Finalmente, la jueza resolvió dispuso una serie de medidas de control: el imputado deberá presentarse todos los lunes en Tribunales para firmar el libro de supervisión y acreditar su permanencia en la ciudad hasta la realización de las audiencias pendientes. La magistrada advirtió que, en caso de incumplimiento de las presentaciones semanales o de una nueva inasistencia, la Fiscalía podrá solicitar nuevamente su detención.
La declaración de rebeldía es una herramienta prevista en el proceso penal para los casos en que una persona imputada no comparece ante la Justicia sin justificación. Su finalidad es asegurar que el proceso pueda avanzar y evitar situaciones de evasión o entorpecimiento judicial.