La administración nacional eliminó partidas por $78.768 millones destinadas a programas educativos y obras universitarias, en la previa de una nueva movilización federal.
En medio de la convocatoria a la marcha federal universitaria, el Gobierno nacional oficializó un fuerte recorte en el presupuesto educativo. A través de la Decisión Administrativa 20/2026, el Ejecutivo eliminó partidas por $78.768 millones destinadas a programas de la Secretaría de Educación y dejó sin efecto transferencias para obras de infraestructura en universidades nacionales.
Uno de los recortes más significativos impactó en el Plan Nacional de Alfabetización, que perdió más de $35 mil millones destinados a transferencias para las provincias. También se eliminó el Fondo de Compensación Salarial Docente, con una reducción cercana a los $9 mil millones. El ajuste alcanzó a programas de infraestructura escolar y equipamiento, con una baja superior a los $21 mil millones, y al programa de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas, que sufrió un recorte de más de $6.600 millones, incluyendo una reducción en becas estudiantiles.
Las universidades nacionales también fueron afectadas: se eliminaron más de $5.300 millones para obras de infraestructura del conocimiento en 13 casas de altos estudios. La Universidad Nacional de La Plata fue la más perjudicada, con una quita superior a los $1.043 millones, seguidas por las universidades de General San Martín, Avellaneda, Río Cuarto y Entre Ríos.
La decisión se conoció horas antes de una nueva movilización universitaria convocada en todo el país para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y denunciar el deterioro salarial y presupuestario. Según datos de la UBA, el presupuesto universitario pasó del 0,72% del PBI en 2023 al 0,47% actual, y cayó más del 45% en términos reales desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
Los salarios docentes son uno de los puntos críticos: gran parte de los profesores universitarios cobra sueldos por debajo de la canasta básica, lo que provocó renuncias y jubilaciones anticipadas. En la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA renunciaron 438 docentes e investigadores desde comienzos de 2024; en Ingeniería, más de 340; y en Veterinarias, más de 100. Los hospitales universitarios, como el Hospital de Clínicas y el Instituto Roffo, denuncian no haber recibido fondos operativos durante 2026 y advierten que cuentan con recursos para solo 45 días más.
Las autoridades universitarias aseguran que el ajuste ya impacta en investigaciones, mantenimiento edilicio, laboratorios y calidad educativa, mientras miles de estudiantes y trabajadores se preparan para marchar en defensa de la universidad pública.