A un mes del fallecimiento de Ángel Nicolás López, de 4 años, en Comodoro Rivadavia, la investigación judicial mantiene detenidas a su madre y su pareja. La querella presentó una hipótesis que difiere de la fiscalía y anunció nuevas denuncias.
A un mes de la muerte de Ángel Nicolás López, el niño de 4 años de Comodoro Rivadavia, la causa judicial avanza con dos personas detenidas y una fuerte controversia sobre la responsabilidad en el crimen. La investigación mantiene en prisión preventiva por seis meses a su madre, Mariela Altamirano, y a su pareja, Michel González, luego de que la autopsia preliminar confirmara que el menor murió como consecuencia de múltiples golpes.
En este contexto, el abogado Roberto Castillo, quien representa al padre del niño, Luis López, brindó una extensa declaración en la que expuso la postura de la querella, cuestionó a la Justicia y anticipó nuevas denuncias y medidas en el expediente. Al cumplirse el primer mes del fallecimiento, familiares, allegados y vecinos convocaron a una movilización para recordar al niño y reclamar justicia.
“Ángel y los allegados y los amigos van a hacer una marcha, en memoria, para recordar a Ángel”, expresó Castillo, quien llegó nuevamente a la ciudad acompañado por Cinthia Fernández, en un caso que ya trascendió a nivel nacional.
El abogado destacó que la investigación registra avances, aunque remarcó diferencias sustanciales con la fiscalía. “Muchísimos avances, la fiscalía está trabajando de una manera muy comprometida y nosotros estamos aportando nuestra mirada respecto de la acusación”, señaló. Sin embargo, explicó que la fiscalía sostiene que Altamirano incurrió en un homicidio por omisión —es decir, no evitó el hecho—, mientras que la querella sostiene una hipótesis mucho más grave.
“Nosotros consideramos que no es de acción por omisión. No es que ella simplemente no intercedió para proteger a Ángel, sino que ella le propinaba golpes”, afirmó. Castillo fue contundente: “Que lo asesinó ella, sí, por supuesto. Esa es nuestra teoría del caso”. Además, indicó que existen “elementos de convicción y muchísima prueba” que demostrarían un patrón de violencia sostenido, no solo contra Ángel sino también contra otro de sus hijos, Dante, quien anteriormente fue apartado de su cuidado por decisión judicial en Misiones.
Uno de los puntos más sensibles de la causa es el accionar previo de la Justicia de familia. En ese sentido, Castillo confirmó que avanzarán con denuncias formales. “Respecto al juez Pérez y a la defensora, la denuncia es ante el Consejo de la Magistratura”, indicó. Además, anticipó acciones penales contra psicólogas: “Hay una de esas dos que también incurre en falsedad ideológica. Firmaban documentos que no se condecían con la realidad”.
El abogado también cuestionó el modo en que se escuchó al niño en instancias judiciales: “No es lo mismo hablar que escuchar. La Convención de los Derechos del Niño habla de una escucha activa en función del desarrollo del menor”. Y agregó: “Si en tres minutos le preguntás con quién quiere ir y dice ‘con mamá’, pero no entendés quién es su mamá en su estructura emocional, estás fallando”.
La querella aportó antecedentes que, según sostienen, fueron ignorados. Entre ellos, una denuncia realizada en 2023 por el padre del niño. “Luis se presenta y dice: ‘la madre de mi hijo le pegó una piña en la boca y lo dejó sangrando, tengo miedo de que lo mate’”, relató Castillo. Pese a ese antecedente, el niño fue restituido a su madre. “Es inentendible que lo hayan desarraigado. Lo sacaron de su casa, de su jardín, de sus amiguitos, de su familia, y lo llevaron a un lugar donde nadie supervisó en qué condiciones vivía”, cuestionó.
Además, mencionó nuevos testimonios: “Un testigo que convivió con ella relata que dominaba a su hijo con la mirada, que infundía mucho temor, y que presenció hechos de violencia muy graves”. En ese marco, remarcó la importancia de las pericias psicológicas: “Tiene indicadores de violencia que tienen que surgir. No es un hecho aislado, hay una forma de criar absolutamente violenta”.
Otro elemento que podría incorporarse a la causa son grabaciones realizadas por el propio padre del niño. “Luis empezó a grabar a los funcionarios. Hay un video donde le dice a una psicóloga: ‘¿para ustedes es normal que denuncie maltrato y no hagan nada?’, y ella le responde que eso es violencia de género”, explicó Castillo, quien consideró que esto evidencia “un sesgo producto de la interferencia de la política en los juzgados”. También cuestionó decisiones como la prohibición de acercamiento al entorno del niño: “¿En qué se funda esa prohibición? Vos lo desarraigaste y además le quitaste su red de contención”.
En cuanto a la causa, el abogado confirmó que declararán el padre, Luis López, y Lorena, una figura clave en la vida del menor. “Son importantísimos porque la plataforma fáctica tiene que estar clara”, explicó. Finalmente, Castillo dejó en claro el objetivo de la querella: “Nuestra hipótesis del caso es distinta. Vamos a ir a un debate oral y público y vamos a solicitar la perpetua tanto para él como para ella”. A un mes de la muerte de Ángel, el caso no solo busca determinar responsabilidades penales, sino que también expone un fuerte cuestionamiento al sistema judicial.