A través del decreto 315/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo nacional puso en marcha la reglamentación del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), una de las medidas centrales de la reforma laboral.
Con la publicación del decreto 315/2026 en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional avanzó en la reglamentación de uno de los ejes centrales de la reforma laboral: el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL). La medida llega luego de los recientes fallos judiciales que despejaron el camino para la aplicación de la normativa impulsada por el Ejecutivo.
El nuevo esquema apunta a promover la registración de trabajadores que hoy se desempeñan en la informalidad, a través de una reducción significativa en las contribuciones patronales. Según se estableció, los empleadores que adhieran al régimen podrán acceder a este beneficio durante un plazo de hasta 48 meses desde la incorporación de cada trabajador.
La iniciativa está dirigida a un universo específico de personas. En primer lugar, contempla a quienes no tenían empleo registrado al 10 de diciembre de 2025. También incluye a trabajadores que hayan permanecido desocupados durante al menos seis meses antes de su contratación. A estos grupos se suman ex monotributistas que no hayan tenido relación de dependencia en el sector privado en ese mismo período, así como personas cuyo último empleo haya sido en el ámbito público.
Uno de los puntos centrales del decreto es que los beneficios se aplican únicamente a nuevas relaciones laborales que se registren entre el 1° de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027. Además, se establece un límite: las incorporaciones bajo este esquema no podrán superar el 80% de la plantilla total de cada empleador, lo que busca evitar abusos o reemplazos masivos de personal ya contratado.
En términos concretos, la reducción de cargas se estructura en dos alícuotas diferenciales. Por un lado, una del 2% destinada a subsistemas como jubilaciones, asignaciones familiares y el Fondo Nacional de Empleo. Por otro, una del 3% dirigida al financiamiento del PAMI. Este esquema representa una disminución considerable respecto de los aportes habituales, lo que el Gobierno considera un incentivo clave para fomentar el empleo formal.
La reglamentación también aclara que, si el trabajador obtiene ingresos adicionales una vez iniciada la relación laboral —ya sea como monotributista o bajo otro régimen—, esto no afectará los beneficios otorgados al empleador. Es decir, la reducción de contribuciones se mantiene mientras se cumplan las condiciones del programa.
Para acceder al RIFL, las empresas deberán estar registradas ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) desde el 10 de diciembre de 2025 en adelante. Además, será obligatorio realizar una adhesión formal al régimen mediante los mecanismos que establezca el organismo. En caso contrario, no podrán reclamar beneficios retroactivos.
El control del cumplimiento quedará en manos de ARCA, que tendrá la facultad de aplicar exclusiones automáticas en caso de detectar irregularidades. Si un empleador incumple las condiciones, deberá abonar las contribuciones no ingresadas junto con intereses y posibles sanciones.
Otro aspecto relevante es que la contribución al Fondo de Asistencia Laboral (FAL) seguirá siendo obligatoria, incluso dentro del régimen. Asimismo, el decreto prevé la articulación con programas sociales, para garantizar que los trabajadores que ingresen al empleo formal no pierdan automáticamente otros beneficios, al menos durante una etapa de transición.
Desde el Gobierno sostienen que esta herramienta busca atacar uno de los principales problemas del mercado laboral argentino: el alto nivel de informalidad. A través de incentivos económicos concretos, la apuesta oficial es generar condiciones más atractivas para que las empresas regularicen a sus trabajadores y amplíen su plantilla en blanco. La reglamentación se produce en un contexto de fuerte debate político y sindical en torno a la reforma laboral. Sin embargo, con el respaldo judicial reciente, el Ejecutivo decidió acelerar su implementación y avanzar con medidas operativas que permitan su aplicación inmediata en todo el país.