Este martes arrancan las declaraciones de los 35 imputados en la causa ANDIS, que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. El primero en declarar será el ex titular Diego Spagnuolo.
Un conjunto de grabaciones difundidas por un canal de streaming fue el punto de partida de la causa ANDIS en agosto del año pasado. Los audios revelaron conversaciones en las que el ahora ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, habría realizado presuntos pedidos de dinero a empresas proveedoras del Estado a cambio de facilitar el acceso a contratos públicos, lo que encendió la investigación judicial.
Esas revelaciones dieron origen al expediente que hoy investiga supuestas maniobras de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), un organismo clave en la provisión de medicamentos, insumos y servicios para personas con discapacidad y beneficiarios del programa Incluir Salud.
Este martes comenzará una etapa clave en la investigación —considerada el primer gran caso de corrupción que impacta en el gobierno de Javier Milei— con las indagatorias a 35 imputados en Comodoro Py, en un proceso que se extenderá hasta fines de mayo. Las audiencias fueron ordenadas por el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi para profundizar la investigación por presuntas maniobras irregulares en contrataciones dentro de la ANDIS.
El primero en declarar será Diego Spagnuolo, ex titular del organismo, quien fue citado para ampliar su indagatoria. Ya se encuentra procesado, aunque esa decisión todavía está siendo revisada por la Cámara Federal. Luego será el turno de Daniel María Garbellini, quien fue su segundo en la agencia.
Además de ampliar declaraciones de algunos de los principales acusados, la Justicia citó por primera vez a nuevos sospechosos, entre empresarios, intermediarios y presuntos operadores vinculados al esquema investigado. La investigación apunta a una presunta asociación ilícita que habría manipulado contrataciones públicas para beneficiar a empresas proveedoras de medicamentos e insumos del Programa Federal Incluir Salud, destinado a personas con discapacidad y beneficiarios de pensiones no contributivas.
Según la acusación, se simulaban procesos competitivos, pero las adjudicaciones ya estaban direccionadas a firmas previamente seleccionadas. A cambio, funcionarios habrían recibido retornos y dádivas. Las maniobras habrían alcanzado compras de medicamentos de alto costo, audífonos, implantes, insumos para traumatología, cardiología y otros tratamientos complejos.
Para los fiscales, se montó un esquema de cartelización y contrataciones amañadas que violaba principios básicos como transparencia y libre competencia. Uno de los puntos centrales de la causa es el uso del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (SIIPFIS), implementado en la ANDIS en junio de 2024. Según la investigación, ese sistema habría sido utilizado para direccionar compulsas de precios en favor de droguerías y proveedores “amigos”, que terminaron obteniendo adjudicaciones millonarias.
Solo en el rubro medicamentos, la causa menciona 21 licitaciones “acotadas” por más de 30.000 millones de pesos, de las cuales dos empresas concentraron más del 93% de las adjudicaciones entre julio de 2024 y agosto de 2025. También se investigan contratos por miles de millones vinculados a implantes cocleares, audífonos e insumos relacionados.
Para los investigadores, Spagnuolo habría tenido un rol central como máxima autoridad del organismo, mientras que Garbellini habría intervenido en la operatoria de selección de proveedores. Otro nombre clave es el del lobista Miguel Ángel Calvete, señalado como nexo entre funcionarios y empresas privadas, y acusado de articular adjudicaciones y gestionar pagos. También deberá ampliar su declaración esta semana.
Ante la magnitud del caso, Ariel Lijo ordenó la inhibición general de bienes sobre personas y empresas involucradas para evitar movimientos patrimoniales y garantizar un eventual decomiso si se confirman las acusaciones.