El Ejecutivo nacional propone modificar el rol de las negociaciones colectivas, con un nuevo esquema donde el salario paritario funcione como base y se complemente con bonos, productividad y otros adicionales.
El esquema de paritarias atraviesa un proceso de revisión en medio de la discusión por la pérdida del poder adquisitivo y la dinámica del empleo. En este contexto, el Gobierno impulsa cambios en la forma en que se determinan los salarios, con una propuesta que modifica el rol tradicional de las negociaciones colectivas.
Uno de los principales puntos del debate está en el impacto de los ingresos. En el análisis oficial se advierte la preocupación por “la pérdida del poder de compra de los salarios” y por “el futuro del trabajo”, dos factores que reflejan la tensión actual en el mercado laboral.
En este marco, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, planteó un cambio de enfoque sobre el sistema vigente. Según explicó, “El salario paritario antes funcionaba para paliar la inflación. Ahora no es el mecanismo que consideramos único ni el más prudente”, marcando así una diferencia con el esquema tradicional de negociación salarial.
La propuesta del Gobierno apunta a que las paritarias dejen de ser el principal instrumento de actualización y pasen a funcionar como un piso mínimo. En esa línea, se busca que “los sueldos acordados sean considerados como un piso”, habilitando que los ingresos puedan complementarse con otros mecanismos. Entre esos mecanismos se mencionan bonos, premios por productividad y distintas compensaciones, como el transporte. Cordero sintetizó esta idea al señalar que “el salario paritario sea el mínimo”, dejando abierta la posibilidad de incrementos adicionales según el desempeño o acuerdos específicos.
En paralelo, el debate se da en un contexto de mediciones dispares sobre la evolución de los ingresos. Mientras el INDEC registró una caída del 4% en los salarios del sector privado, el SIPA informó un aumento del 3%. La diferencia se explica porque este último indicador incorpora componentes adicionales como horas extra y bonos.
Otro punto en discusión es la reactivación de aspectos de la reforma laboral. El texto señala que “volvió a poner en vigencia todos los artículos de la reforma laboral”, incluyendo herramientas como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), cambios en el sistema de indemnizaciones, el banco de horas y los llamados “salarios dinámicos”. Desde el Gobierno sostienen que estas herramientas otorgan mayor flexibilidad al sistema. En ese sentido, Cordero afirmó que “los empresarios tienen todas las herramientas para mejorarle el salario a los trabajadores” y también para promover la contratación.
En relación con el empleo, la administración considera que el desempleo no se ubica en niveles críticos en comparación con otros períodos, aunque reconoce preocupación por el crecimiento de la informalidad laboral.
Para abril de 2026, el salario mínimo está establecido en “$357.800 mensuales” y “$1.762 por hora”, en el caso de trabajadores jornalizados. Se trata del piso salarial que deben respetar los empleadores en el país. El aumento dispuesto fue de $5.400 respecto del mes anterior, lo que representa una suba del 1,5%. Sin embargo, el dato central es que “el ajuste continúa ubicándose por debajo de la inflación”, lo que implica una pérdida de poder adquisitivo. A diferencia de otros mecanismos de actualización, el salario mínimo “no cuenta con un mecanismo automático de actualización atado a la inflación”. Su ajuste depende de negociaciones entre sindicatos y empresarios o de la decisión directa del Gobierno.
El SMVM también cumple un rol estructural dentro del sistema económico, ya que “cumple un rol central en la estructura de ingresos”. Además de ser el piso legal de los salarios, funciona como referencia para programas sociales, beneficios estatales y otras prestaciones.