El organismo financiero internacional analiza un esquema de garantía para facilitar créditos al país. La operación, aún sujeta a aprobación, busca reducir el costo del endeudamiento y mejorar el perfil financiero.
Tras el acuerdo alcanzado por Argentina en la segunda revisión técnica con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial se encuentra evaluando la posibilidad de otorgar al país una garantía financiera de hasta US$2.000 millones. Esta iniciativa forma parte de las gestiones del Gobierno nacional para reforzar el financiamiento externo en un contexto de restricciones de acceso a los mercados internacionales.
Según informó el propio organismo, el esquema de garantía en evaluación permitiría facilitar el acceso de Argentina a créditos en mejores condiciones, con el objetivo de reducir el costo del endeudamiento y mejorar su perfil financiero. La herramienta buscaría contribuir a la refinanciación de parte de la deuda y generar un marco más favorable para la atracción de inversiones. El Banco Mundial aclaró que la operación propuesta aún está sujeta a la aprobación de su directorio ejecutivo.
El interés del Gobierno en este tipo de instrumentos se da en un marco donde el regreso de Argentina a los mercados internacionales de deuda continúa siendo costoso, con un riesgo país que se mantiene en niveles elevados. Las negociaciones se desarrollan en paralelo a las gestiones del equipo económico encabezado por el ministro Luis Caputo, quien participa de reuniones en Washington con autoridades del FMI y del Banco Mundial.
Tras el anuncio del acuerdo con el FMI, el ministro Caputo se expresó a través de la red social X, agradeciendo a las autoridades del organismo y a su equipo. «Este acuerdo es un paso muy importante en la consolidación de la estabilidad macroeconómica en la que hemos trabajado estos dos años, y contribuirá a fortalecer el crecimiento económico de nuestro país», señaló.
En este contexto, el Gobierno prepara un plan de reformas económicas y desregulaciones que se implementará de manera escalonada, como parte de los compromisos asumidos con el FMI. La estrategia oficial apunta a dividir las iniciativas en distintos proyectos de ley, para ordenar el debate legislativo y facilitar su aprobación en el Congreso.
Uno de los ejes principales será la modificación de la ley de administración financiera, con el objetivo de reforzar el control del gasto público y sostener el equilibrio fiscal. En paralelo, se trabaja en un paquete de desregulaciones económicas impulsado por el ministro Federico Sturzenegger, que abarca sectores como el inmobiliario y el mercado de capitales.
También se prevén reformas en el mercado de capitales para reducir restricciones y ampliar herramientas de financiamiento, una reforma del Código Aduanero para simplificar el comercio exterior, y una reforma tributaria enfocada en simplificar el sistema impositivo. En esta etapa, no está prevista una reforma previsional.