Mario Aguerrido, representante legal en el caso pampeano, cuestionó decisiones judiciales previas y pidió investigar responsabilidades en el fallecimiento del niño de 4 años.
Mario Aguerrido, abogado de la familia paterna de Lucio Dupuy, se refirió al fallecimiento de Ángel López, el niño de 4 años de Comodoro Rivadavia cuya muerte se investiga en presuntas circunstancias de maltrato. En declaraciones a Seta TV, trazó paralelismos con el caso ocurrido en La Pampa en 2021 y se refirió al rol de la Justicia y el Estado.
«La familia de Dupuy está francamente conmovida con esto que ha pasado», expresó Aguerrido, quien señaló que el caso le hizo recordar «circunstancias que, quizás, de haberse trabajado de manera seria y coherente, el hecho no se tendría que haber producido».
El letrado puso el foco en las decisiones judiciales previas. «A mí me interesaría puntualmente… que se analicen las responsabilidades de los funcionarios y de las personas que tuvieron a cargo entregar el cuidado personal de este chiquitito Ángel a su madre», afirmó. Agregó que, en términos generales, «hay un abandono de política en lo que tiene que ver con la minoridad y por eso pasan estas cosas, donde las soluciones que plantea la justicia son simplemente pasatistas».
Aguerrido destacó la importancia de escuchar a los niños en estos procesos, refiriéndose a un video donde se veía al niño llorando. «Evidentemente nadie escuchó a este chiquitito. Van a salir a decir que no, que era muy chico», sostuvo, y recordó la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que establece el interés superior del niño como principio rector.
«Ahora, con las consecuencias, hay que analizar puntualmente la responsabilidad de ese juez que determinó entregar el cuidado personal de Ángel a su madre», planteó. Sobre posibles responsabilidades, fue contundente: «Al primero que hay que investigar es el juez», aclarando que existen los carriles formales para ello, como el jury de enjuiciamiento.
Finalmente, el abogado cuestionó la implementación de la Ley Lucio y la falta de políticas públicas integrales, señalando que «los menores son esencialmente vulnerables y necesitan un sistema de protección integral».